Antes de explicar los fundamentos de nuestro voto (y de nuestras propuestas alternativas) se hace necesario describir, de la manera más breve posible, cómo llegamos a esta situación.

LA VENTA DE YPF.

Como es obvio, estamos discutiendo la recuperación de YPF porque antes se cometió el error de enajenarla. Y la privatizó el Justicialismo con el acompañamiento de la mayoría de quienes hoy están el FpV. Entre los gobernadores provinciales que más apoyaron la enajenación de la empresa estatal, estaba el ex Presidente de la Nacion, el Dr. Nestor Kirchner. Incluso la actual Presidenta reclamó a los legisladores nacionales de su provincia que votaran a favor de la privatización.
Si el cambio de posición obedece o no a convicciones o a razones que tienen que ver con el animo de enmienda, lo dirá el tiempo. Si me apuran,y me exigen ahora opinión, confieso que me siento inclinado a pensar que se trata de un cambio que tiene que ver más con razones coyunturales que con convicciones o propósito de enmienda. Pero, reitero, sobre esto se expresara el tiempo (y el juicio de los argentinos).

PERDIDA DEL AUTOABASTECIMIENTO.

Desde el año 2003, la producción de gas y petróleo cayó como nunca en la historia argentina.
En pocas palabras: en 1907 descubrimos petróleo. Recién en el gobierno de Raúl Alfonsín, alcanzamos el autoabastecimiento energético.Con este gobierno lo perdimos (el año pasado importamos por 9000 millones de dólares y éste importaremos por alrededor de 12.000 millones).
Todo esto también es responsabilidad del oficialismo. En muchas ocasiones advertimos acerca de las consecuencias que tendrían las políticas aplicadas (o la falta de las mismas) sobre el conjunto de la economía y la cuentas públicas nacionales. El gobierno respondía que el autoabastecimiento no era una cuestión importante.

YPF-REPSOL y OTRAS CONCESIONARIAS.

Desde el gobierno se pone la lupa en REPSOL. Y lo que ocurrió con esta empresa es realmente escandaloso. No han hecho otra cosa que llevarse las utilidades al extranjero, vaciando YPF e incumpliendo con sus obligaciones de inversión. Y lo más grave es que el Estado no sólo no lo impidió, sino que además lo consintió. El año pasado, en dos oportunidades, la Presidenta calificó a YPF-REPSOL como un empresa ejemplar.(Vergüenza me da imaginar lo que el mundo empresario o político de España, o los ciudadanos informados de ese país, pensarán de los argentinos).
Podría abundar en información sobre el comportamiento de REPSOL desde que posee la mayoría accionaria de YPF. Creo que a esta altura es innecesario. No vale la pena reiterar datos que ya todos conocemos.
Pero el problema es mayor. En efecto, la desinversión y consecuente caída de la producción de gas y petróleo es general. Salvo alguna excepción, todas las concesionarias y las permisionarias han incumplido con sus obligaciones contractuales. Todo frente a la pasividad y tolerancia del gobierno.
En suma, el Justicialismo primero, y el FpV después, nos llevaron a esta situación.
Otra vez tengo que suspender estas líneas, por razones de tiempo y por mis actividades como legislador. Les pido que me disculpen la prisa que afecta la redacción en forma y contenido.
En la parte III seguiremos.

Este texto tiene por objeto formular algunas consideraciones sobre nuestra posición con relación a la tema YPF. Pero siento la necesidad de hacerlo comenzando por dar respuesta a la afirmación de que la misma estaría influida por los resultados de las encuestas de opinión.

YPF Y LAS ENCUESTAS.
Atribuir a estas razones  la posición de muchos radicales, es, en el mejor de los casos, además de injusto y ofensivo, intelectualmente deshonesto (o prejuicioso). Tan injusto, deshonesto y prejuicioso como sería atribuir a “oposicionismo” las posturas contrarias. Es necesario destacar, por otra parte (que algunos por lo menos),  de los que nos dicen cosas como estas, nos atribuyen una supuesta incapacidad para sintonizar con la opinión pública. En todo caso, de ser ciertas las encuestas (instrumento sobre el que tengo muchísimas sospechas), es la sociedad la que respaldaría la posición histórica de la UCR, fundada en principios y convicciones.

PRINCIPIOS, CONVICCIONES E HISTORIA.
Hay quienes dicen, con cierto tono suficiente y hasta burlón, que esta apelación a los principios, la convicción y la historia, es prueba de las dificultades que posee la UCR para adaptarse a los tiempos actuales. Pero ocurre que no entienden (o se hacen los que no entienden). La idea de que los recursos naturales que proveen al abastecimiento de energía deben pertenecer al Estado, no es un principio, sino una convicción; si ustedes quieren, de carácter instrumental. La idea que para nosotros posee carácter principista es aquella que afirma que el Estado debe promover y defender el interés general. Y es nuestra convicción que el Estado cuenta con más posibilidades de hacerlo si es propietario, nada más y nada menos, que de los recursos que proveen el abastecimiento energético. Así debe entenderse nuestra apelación a la historia, los principios y las convicciones. Los que juzgan con suficiencia nuestra apelación a los principios y las convicciones, deberían tener presente que la historia y la inmensa mayoría de los países en la actualidad, son propietarios de los recursos naturales o de parte de ellos. Es decir, la historia y la inmensa mayoría de los países comparten nuestra visión.

ESTADO VS MERCADO.
Hay quienes no comparten esta concepción, y piensan en cambio que la mejor manera de defender el interés general, es dejar que cada uno defienda libremente sus intereses particulares. Es la “mano invisible del mercado” la que, incluso sin quererlo, promueve el interés general. El Estado, en cambio es parte del problema. Son las ideas que sostienen los defensores del libre mercado. Estas fueron las ideas predominantes en los años en los que se vendían los principales activos del Estado. Y quienes hoy son tan críticos con la recuperación de la propiedad estatal de YPF, fueron entonces fervientes defensores de aquellas políticas. ¿Por qué señalo esto? Para poner en evidencia el hecho de que quienes adscriben a estas ideas, naturalmente, tienen que oponerse a la estatización de YPF. Pero cuidado, no solo con éste, con cualquier gobierno lo harían. Para ser mas directo, no es la desconfianza en la actual gestión, sino la desconfianza en el Estado (o la política) lo que explica que se opongan a colocar en sus manos un recurso estratégico para el funcionamiento de la economía. En suma, los múltiples desatinos cometidos por la actual gestión, no son sino una excusa o, en todo caso, una razón más para oponerse (recordar lo que decíamos cuando afirmábamos que había que hacer un esfuerzo por caracterizar bien al oficialismo, porque si la sociedad cree que esto es el progresismo, la salida puede ser por derecha).
No quiero aburrirlos y, a su vez, continuar con mis tareas en el Congreso, pero me queda mucho por decir sobre este tema. En una horas, posteo la segunda parte.

El país está atravesando una grave crisis energética. No producimos la cantidad de energía que necesitamos. Este déficit en la producción de energía tiene consecuencias muy negativas sobre el conjunto de la economía argentina y sus cuentas públicas.

Frente a la actitud del gobierno, es necesario hacer algunos comentarios básicos,y lo más breves posibles, acerca de la situación planteada.

1) En primer lugar, hay que recordar que el radicalismo se opuso a la privatización de YPF en la década del ’90.

Fueron la mayoría de los funcionarios que hoy forman parte del Gobierno Nacional los que en su momento apoyaron la privatización. Y no sólo los actuales funcionarios del Gobierno Nacional, sino la mayoría de los principales dirigentes del FpV (actualmente, muchos de ellos, a cargo de responsabilidades de gestión en las provincias).

2) Tampoco es responsabilidad de la UCR la presente crisis energética. En efecto, la misma es resultado de las erróneas políticas aplicadas durante la gestión del FpV. Y hemos advertido, durante todos estos años, acerca de los errores que se estaban cometiendo y de las graves consecuencias de los mismos. El Gobierno Nacional se negó sistemáticamente a revisar sus políticas. Es más, cuando los efectos negativos se hicieron evidentes, no hizo otra cosa que negar la realidad y persistir en los errores. (como con la inflación y el INDEC).

3) El Gobierno Nacional, como en muchos otros casos, pretende que la sociedad crea que ninguna responsabilidad tiene en la crisis energética, y que la misma es sólo consecuencia de los incumplimientos de YPF.

Pero incurre en dos falsificaciones bastante evidentes: a) Es el Gobierno Nacional el que debe velar y vigilar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones. ¿Recién ahora se dan cuenta de los incumplimientos? ¿Qué hicieron para impedir esos incumplimientos? Sólo una injustificable ausencia de control y vigilancia por parte del Estado explica la existencia de los incumplimientos. El responsable de los controles del Estado es el Gobierno. El Gobierno no cumplió con su responsabilidad. En otras palabras, el gobierno a cargo del FpV, es el responsable de la ausencia del Estado.

b) La otra evidente falsedad en el relato del oficialismo es la siguiente: el Gobierno Nacional se comporta como si YPF fuera la única concesionaria que actúa en el mercado energético. Pero ocurre que YPF tiene sólo un poco más del 30% del mismo. Las preguntas, entonces, son las que a continuación se formulan: ¿Qué pasa con las concesionarias que explotan el 70% restante del mercado? ¿Cumplieron ellas con las obligaciones a su cargo? Lo cierto es que la caída de la produccion de gas y petróleo no es patrimonio exclusivo de YPF, sino que se trata de un fenómeno general o, mejor dicho, casi general. Con algunas excepciones, todas las concesionarias desde hace tiempo vienen registrando caídas en la produccion de gas o petroleo. En otras palabras, no sólo hay que poner la lupa en YPF, sino que hay que ordenar una auditoria sobre todas las empresas concesionarias, para verificar si han incumplido o no con sus obligaciones. El gobierno debería explicar por qué se limita a YPF.

4) Continuaremos con este tema, pero por ahora agrego tres cosas muy sintéticamente: a) creemos que lo primero que habría que hacer es ordenar una auditoría sobre todas y cada una de las concesionarias para verificar el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones de inversión. Si se verifican incumplimientos en las áreas concesionadas, las mismas deberían revertir al Estado; b) la solución de la crisis energética sólo será posible si somos capaces de acordar políticas de estado, es decir, si somos capaces de definir políticas que se mantengan en el tiempo; c) el valor de las políticas de estado (la necesidad de acordar en ciertas cuestiones) sólo son apreciadas por los liderazgos democráticos firmes y por la mentalidad propia de los verdaderos estadistas.

Dos consideraciones a modo de posdata:

1. Omití decir algo que nos ayuda a comprender la verdadera magnitud del error del Frente para la Victoria en la gestión de la energía.
En 1907 descubrimos petróleo. Desde entonces, varias generaciones de argentinos, se esforzaron, y mucho, para lograr el autoabastecimiento energético. En la década del ’80 lo logramos. Durante la gestión radical del gobierno de la democracia recuperada alcanzamos la soberanía energética. Este gobierno, “popular, nacional y progresista”, la perdió. Perdimos, nada más y nada menos, que la capacidad de proveernos nostros mismos la energía. En el 2011 importamos energía por nueve mil millones de dólares. Pero para los oficialista “el gobierno siempre tiene razón, Y MAS CUANDO NO LA TIENE”.

2. En la campaña electoral del año pasado, hicimos hincapié en la necesidad impostergable de abordar la situación energética como política de estado. Con la concurrencia de especialistas en la materia (el radicalismo puede enorgullecerse de contar en sus filas con muchos de los más reconocidos técnicos en energía) presentamos al país un Plan Energético, al que pueden accefer aquí.

Plan energético – Ricardo Alfonsin 2011

Presentamos un pedido de informes que refiere especialmente a la situación planteada por la presencia de barcos que pescan ilegalmente en aguas jurisdiccionales argentinas y la eventual relación de los mismos con empresas o personas físicas o jurídicas que cuentan con permisos para desarrollar actividad pesquera en nuestros mares.

La Constitución Nacional en su Artículo 41 consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras.

Les corresponde a las autoridades dictar las normas que provean a la protección de este derecho.

En este marco se dicta la Ley 24.922 – REGIMEN FEDERAL DE PESCA y modificatorias, que en el Artículo 27 bis dispone los requisitos necesarios para la asignación de cuotas de captura o autorización de captura a los beneficiarios de permisos de pesca.

El Artículo citado dispone que para otorgar las cuotas o autorización de captura, los titulares deberán presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada que contenga, entre otros requisitos, el siguiente: “c) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.

La Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dicta la Resolución 514/09 que reglamenta la Ley 24.922.

La resolución en su Anexo I – REGIMEN DE INSCRIPCIONES ANTE EL REGISTRO DE LA PESCA, II – PARTE ESPECIAL, Artículo 15, Inciso a), apartado VIII, solicita la presentación de la declaración jurada requerida en el Artículo 27 bis de la Ley 24.922, aclarando que se cumplirá con la misma si observa, entre otros, lo siguiente: “- Posea relación jurídica, económica o de beneficio en forma directa con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA sin el correspondiente permiso de pesca a tales fines, de conformidad con lo previsto en el inciso c) del Artículo 27 bis de la Ley 24.922”.

El subrayado de “forma directa” en el párrafo anterior, corresponde al autor, a efectos de resaltar la modificación introducida por la Resolución 514/09 al espíritu del legislador plasmado en el texto de Ley 24.922 transcripto anteriormente.

El Artículo 99 de la Constitución Nacional, en el Inciso 2) faculta al Poder Ejecutivo a expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, advirtiendo el cuidado necesario para no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

La Resolución Nº 514/99 en su Art.5º instruye a la Autoridad de Aplicación adopte las medidas necesarias para el control del régimen establecido, en coordinación con las autoridades competentes en materia de control y vigilancia.

Ante la modificación del espíritu de la Ley 24.922 introducido por la Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en defensa de los derechos consagrados en el Articulo 41, observando el Inciso 2 del Artículo 99, ambos de la Constitución Nacional, y de tomar conocimiento sobre la instrumentación del régimen establecido por el Art.5º de la Resolución Nº 514/99, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.

TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados

Resuelve:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informe sobre los siguientes puntos relacionados con la reglamentación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 REGIMEN FEDERAL DE PESCA y sus modificatorias, realizada por Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, las siguientes preguntas:

1) Razón por la que la Resolución 514/09 reglamentaria del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 determina que la relación a la que alude el artículo citado, se debe dar en “forma directa”, no obstante el hecho de que la norma reglamentada no establece distinción alguna;

2) Qué considera la Autoridad de Aplicación que es relación en “forma directa”

3) Cuándo una relación podría calificarse de “indirecta”, y razón por cuál la misma debería estar excluida de la sanción dispuesta en Artículo 28 de la Ley 24.922;

4) Si existe algún dispositivo o mecanismo adicional a la declaración jurada que permita verificar y dar mayor certeza respecto de la información brindada en la declaración jurada a la que obliga la Ley 24.922;

6) Si existen tareas de coordinación con otros Estado o sus embajadas para verificar la certeza de lo manifestado en las declaraciones juradas; 

7) Si, en este sentido, existe colaboración o trabajo conjunto con la Cancillería; y

8) Si eventualmente se ha consultado a la Auditoria General de la Nación o alguna otra repartición oficial con el propósito verificar la información brindada mediante declaración jurada.

Presenté un proyecto solicitando a la Auditoría General de la Nación que audite los subtes y premetro de la ciudad de Buenos Aires.

El servicio público de subterráneos y premetro del sistema de transporte del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires, combinado con el servicio ferroviario y automotor constituye uno de los más grandes y complejos de latinoamérica, y brinda servicios a los ciudadanos de la Capital y del Gran Buenos Aires.

En el año 2010 más de 295,7 millones de usuarios utilizaron sus servicios y en el año 2011 la cifra llegó a los 310,7 millones de pasajeros pagos transportados.

Estos ciudadanos usuarios del servicio público, dentro de los nuevos derechos y garantías otorgados por la Constitución Nacional reformada en 1994, según el Artículo 42 tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, mediante la calidad y eficiencia de los servicios públicos, con una legislación que establezca el marco regulatorio de los mismos.

El control externo del sector público nacional, según el Artículo 85 de la Constitución Nacional, corresponde al Poder Legislativo. El examen y opinión que dará este poder se sustentará en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La Ley 24.156 en su Artículo 117 determina como materia de su competencia, entre otras, a la administración central, entes reguladores de servicios públicos y a los entes privados adjudicatarios de procesos de privatizaciones en cuanto a las obligaciones emergentes de los correspondientes contratos.

El Artículo 118 (Ley 24.156) que delimita las funciones de la AGN, en sus incisos a) y b)le autoriza a fiscalizar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado y a realizar auditorias, exámenes especiales, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta, puede según el Artículo 129 (Ley 24.156) “inciso c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización.”.

El “Contrato de Concesión” del servicio de subterráneos y premetro aprobado por Decreto 2608/93 le otorga la concesión a METROVIAS S.A., el mismo se modifica por Acta-Acuerdo aprobada por Decreto 1527/94 y en el año 1999 se vuelve a modificar por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99.

En esta última modificación se incorpora, dentro de las “Disposiciones Complementarias”, el Artículo 16 que trata la transferencia del control del servicio a la Ciudad de Buenos Aires. Transferencia que no se concretó a la fecha, después de haber transcurrido 12 años, pese a la iniciativa llevada adelante en el año 2000 por Enrique Olivera (Vice Jefe de Gobierno a cargo) que logra la sanción de la Ley 373 CABA.

Debido a las recientes diferencias surgidas sobre el tema transferencia del servicio entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, resulta un derecho del ciudadano acceder a una información adecuada y veraz sobre los motivos de tal demora y una obligación de las autoridades establecer o deslindar responsabilidades de la administración, organismos o entes de la jurisdicción nacional.

Del “Contrato de Concesión” y de la normativa vigente que crea organismos de control y sustenta la aplicación de subsidios, surgen responsables de su ejecución a quienes la AGN debe investigar para concluir sobre lo actuado por estos, y dictaminar si las actuaciones contribuyeron a brindar seguridad, calidad y accesibilidad al servicio. Si la asignación de recursos se efectuó con transparencia y si la aplicación de los mismos se instrumentó con eficacia.

Si se cumplió con la tarea de control y verificación en favor del servicio y del ciudadano transportado.

De METROVIAS SA como concesionario del servicio, interesa entre otras cosas saber: si la operación del servicio se realiza de acuerdo a los reglamentos vigentes; si se observan todas las medidas de seguridad, del material rodante, de la infraestructura, del pasajero y del personal; si se cumple con el cuidado de los bienes afectados; si se realiza al mantenimiento correcto a las instalaciones, máquinas y equipos; si se cumple con el programa de obras; y si se mantienen en vigencia los seguros, garantías y fianzas.

De la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgano de fiscalización y control, creada por Decreto 660/96 y aprobado su estatuto en Anexo I del Decreto 1388/96, si cumple con los incisos a) y c) del Artículo 3º de su estatuto, en cuanto a proteger los derechos del usuario, logrando mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad.

De la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, autoridad de aplicación de los subsidios, si los mismos se asignan con transparencia, si se observan controles a la aplicación de los mismos y si existe un confiable sistema de rendición de cuenta por parte del concesionario beneficiado. Si existen análisis y estudios para implementar un mejor sistema de aplicación.

No olvidemos que la concesionaria del servicio METROVIAS SA, durante el año 2011, recibió la suma de $ 67,4 millones provenientes solo del SISFER, para toda la concesión a su cargo.

De la Policía Federal Argentina (PFA) dependiente del Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad pública, según el Artículo 8, inciso 8.3 del “Contrato de Concesión” modificado por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99, si cumple eficazmente con el servicio de protección al usuario y al personal dentro del área concesionada, responsabilidad que se reservó especialmente el Gobierno Nacional en el inciso detallado; y si cumple con las disposiciones internas referentes a servicios adicionales en favor del personal de la fuerza (condiciones de trabajo y tiempo de descanso).

Los cables de prensa difundido por la Secretaría de Información Pública, de la Presidencia de la Nación, a través de su página digital ordenados en el apartado: “SEGURIDAD“, los días 01 y 02 de marzo del corriente, la Ministra de Seguridad Dra. Nilda Garré, asegura que se afectan 250 efectivos a este servicio de seguridad pública.

Resulta un derecho para el ciudadano tener certeza de la protección que recibe del estado dentro del área concesionada, ya que un simple cálculo pone en dudas que se pueda brindar seguridad con 250 efectivos a más de un (1) millón de usuarios que transitan las instalaciones, que utilizan 76 estaciones del subterráneo (la mayoría de ellas con doble andenes), 7 conexiones internas entre líneas y 17 estaciones del premetro, durante 18 hs. de lunes a sábado y 15 horas los días domingos. Si pusiéramos un solo efectivo por andén y conexión, con turnos de 6 horas, sin considerar francos semanales, partes de enfermos y licencia anual, necesitaríamos aproximadamente 600 efectivos para una cobertura mínima de presencia en instalaciones.

Entendiendo que el ámbito del control corresponde al Poder Legislativo, que la AGN es el auxiliar del Congreso Nacional para estos fines y que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta es quien tiene la facultad de encomendar estudios, investigaciones y dictámenes especiales, es que solicito a mis pares sirvan acompañar el presente proyecto.

Este es el proyecto de resolución que presenté en la Cámara de Diputados:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º. Solicitar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomiende a la Auditoría General de la Nación un dictamen especial sobre la ejecución del “Contrato de Concesión” del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires, fijándole un plazo de 120 días para su presentación al Congreso de la Nación.

Artículo 2º. Que el dictamen especial contenga un detallado informe de lo actuado por los siguientes responsables de su ejecución:

a) METROVIAS S.A. (el Concesionario);

b) Secretaría de Transporte (la autoridad de aplicación de subsidios),dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;

c) Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT (el Órgano de fiscalización y control); y

d) Policía Federal Argentina (el responsable de la seguridad pública), del Ministerio de Seguridad.

Artículo 3º. Que los informes del dictamen especial, luego del estudio e investigación correspondiente, concluyan sobre:

a) la seguridad, calidad y accesibilidad del servicio;

b) la transparencia en la asignación y utilización de subsidios y fondos públicos; y

c) la efectividad de la fiscalización y control de la concesión.

Artículo 4º. Que se preste especial atención, en lo que compete a cada responsable descripto en el Artículo 2º, a los siguientes artículos e incisos del “Contrato de Concesión” con las adiciones incorporadas por ADDENDA aprobada por Decreto Nº 393/1999:

a) ARTICULO 8º. DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS;

8.3. DE LA SEGURIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PASAJEROS; y

8.4. DEL PUBLICO USUARIO;

b) ARTICULO 9º. DE LOS BIENES AFECTADOS A LA CONCESION;

c) ARTICULO 11. DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES AFECTADOS A LA CONCESION;

d) ARTICULO 12. DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES;

e) ARTICULO 13. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS;

f) ARTICULO 14. DEL CONTROL Y LA FISCALIZACION;

g) ARTICULO 18. SEGUROS, GARANTIAS Y FIANZA.

Artículo 5º. Que se establezcan o deslinden las responsabilidades, dentro de la jurisdicción nacional, por el incumplimiento del “ARTÍCULO 16.-

TRANSFERENCIA DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES.” incorporado dentro de las Disposiciones Complementarias por la ADDENDA aprobada por Decreto Nº 393/1999,

Artículo 6º. Autorizar a la Auditoría General de la Nación a realizar dentro de su competencia todas las acciones comprendidas dentro de sus funciones, con el fin de cumplir lo encomendado en el Artículo 1º de la presente resolución.

I. En el pensamiento progresista la autocrítica es un camino al conocimiento político. Cuando la acción que se implementa no produce los resultados que la inspiraron, se impone una tarea de reflexión rigurosa orientada a indagar y reconocer las causas del desajuste entre las previsiones y la realidad. La autocritica es el sendero que nos permite extraer lecciones de los errores pasados para no reiterarlos hacia adelante. Este es el camino para rescatar al Radicalismo de la fragmentación y de la anomia, y hacerlo nuevamente competitivo.

Acá nos proponemos meditar acerca de lo “ hay qué hacer” a partir de la explicación de lo “qué quisimos hacer”. No quisimos: rendirnos ante “la imbatibilidad de este gobierno.” No pudimos: evitar la fragmentación de los progresistas para conducir un proyecto contrahegemónico. No supimos: gestionar la alianza con un sector del peronismo.

El centro de nuestros problemas estuvo en subestimar el valor estratégico de la institucionalidad partidaria para gestionar el desafío electoral del 2011. Hay que romper la opción de que cuando queremos competir nos alejamos del Partido y cuando prevemos la derrota, nos acercamos. La alternativa es modernizarlo y fortalecerlo. Prepararlo desde ya para que los candidatos del futuro no se vean obligados a hacer campañas por circuitos informales para no perecer en la burocracia.

El peronismo ordena su gestión desde el liderazgo vinculado al poder. En los partidos fantasías y de ocasión se gerencia el mandato de las consultoras políticas, lo principal en vez de lo auxiliar. Frente a ello, nosotros vamos por la modernización y el fortalecimiento institucional del radicalismo.

En estos tiempos es más compleja nuestra situación relativa respecto de los otros modos de gestionar una elección, entre otras cosas. Raúl Alfonsín lo entendió y por eso identificó su candidatura presidencial con la Presidencia del Comité Nacional, así como cuando impulsó la figura del Presidente Nato para el Presidente de la Nación cuando este sea radical.

La complejidad se acrecienta frente a un sistema electoral nuevo (elecciones desdobladas por distritos o las primarias simultáneas y obligatorias). Ante el FpV o los Partidos Fantasías y de ocasión, la situación del radicalismo es de una gran debilidad relativa para la competitividad.

En la Argentina, por otra parte, la práctica política carece de experiencia autocrítica. El único caso que conocemos es el de Octubre de 1989. En aquella ocasión se tuvieron en cuenta las experiencias internacionales que enseñan que no sirven para nada si terminan en el autoflagelamiento paralizante del estalinismo. Tampoco sirve la “otrocrítica”, un neologismo de entonces, que encierra una manifestación oportunista con propósitos de hacer leña de un árbol presuntamente caído.

Obviamente, un desafío electoral en situaciones de alta complejidad no puede depender de un Partido estructuralmente débil. Esta es la ecuación a resolver, y ello solo es posible aportando persistentemente a su fortalecimiento institucional De lo contrario, valores radicales habrá siempre, aunque votando en otros espacios políticos.

Esto es más desafiante en la Provincia de Buenos Aires. Si el FpV no hubiera sacado ni un voto en otros distritos, la diferencia que obtuvo en el nuestro le alcanzaba para ganar la Presidencia. En las vísperas del proceso electoral interno nos corresponde asumir este dato estratégico y tomarlo no como una tragedia, sino como una oportunidad para demostrar nuestra condición dirigente.

II. Traer a la política la idea de trazabilidad ayuda a explicar “qué quisimos hacer”. Esto es, el procedimiento que permite conocer la historia y trayectoria de una cadena de actos. Su esencia fue no resignarnos a la invencibilidad peronista favorecida, por otra parte, por la experiencia del 2001 y las condiciones internacionales propicias traducidas en términos de consumo de la población argentina.

Nada mejor que transcribir conceptos de la Carta Abierta a los Socialistas de Ricardo Alfonsín y que fue nuestra última apelación a la unidad: “La voluntad de cambio requiere voluntad de ganar y para ganar se nos exige capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos. Los principios e ideales deben arraigar socialmente, no limitarse a la satisfacción complaciente de las elites. Resistirnos a la construcción de la gran alternativa nacional, popular y progresista sería una forma imperdonable de conservadurismo.”…” Hace falta en la Argentina un bloque social anti hegemónico, que incorpore en los niveles provinciales y municipales, fuerzas sociales y políticas que no necesariamente poseen identidades como las nuestras.”

Es que el Radicalismo tiene la obligación de no esperar próximos turnos como aconsejaron las consultoras. Ya se advertía en esa Carta que “Un triunfo electoral del partido de gobierno profundizará sus pretensiones hegemónicas y cuanto más amplia, será peor. Se profundizaría el ataque al federalismo a través de las políticas de ahogo económico de las provincias… Se postergaría por cuatro años la construcción de un estado decente, moderno, transparente y eficaz….

No queríamos que esto ocurriera, y para ello los paso centrales del proceso fueron: Fortalecer al radicalismo. Impulsar una conducción nacional progresista. Ganar con un frente político y bloque social de electorados diferentes.

1. Impulsar el regreso a casa de todos los radicales que se alejaron del partido en un proceso generalizado de fragmentación política consecuencia de la crisis del 2001. Al documento que presentamos en la Convención Nacional de Mina Clavero, lo denominamos “contradiáspora”: “La Convención Nacional convoca a la unión de los radicales a partir de un diálogo con grandeza. Debemos hacerlo por el bien de la Patria en un partido opositor y con voluntad de construir un poder alternativo.” Nuestra dirección jamás descalificó a nadie por su comportamiento electoral anterior. Y pide lealtad institucional al Partido y sus decisiones.

2. Definir un liderazgo personal y colectivo mediante la confrontación electoral interna para cambiar una estructuras inmovilizadora. Para ello la elección del junio del 2010 y ganamos. Nadie puede decir que el resultado no haya prestigiado al Radicalismo.

3. La construcción de una fuerza radical unida. Por ello la decisión de acordar con el MODESO para evitar una elección interna de tres precandidatos, promoviendo “la foto” del Partido unido.

4. La construcción de una fuerza electoral con corrientes de electorados idénticos y pensamientos similares con el Partido Socialista como centro, y lo que terminó siendo el FAP.

5. La construcción de un frente político y bloque social de electorados diferentes y contra hegemónico. En línea con las estrategia de las fuerzas progresista en Brasil, Uruguay, Méjico y el propio Laborismo inglés para derrotar al thacherismo. Reconocemos divergencias en nuestro espacio acerca de si debíamos avanzar por este camino. Lo discutimos al inicio y optamos asumiendo la responsabilidad dirigente y mediante consulta a todos los sectores.

El FpV recorrió un camino similar para garantizar un triunfo que enmascaró su alianza con el menemismo. Superficialmente -es un dato de la política-, son los resultados los que califican la estrategia.

III. Asumimos que la crónica debilidad institucionalidad partidaria para desarrollar la estrategia esterilizó los propósitos y afectó negativamente la gestión política en los distintos ámbitos territoriales e institucionales.

Tuvimos éxitos en la contradiáspora y ganamos en las elecciones internas del 2010 (aunque esté inconcluso el objetivo de “modernizar el Partido con los valores de siempre”). Ambas conquistas generaron suficiente prestigio para recuperar la movilización partidaria perdida en los 90, articular alianzas con los intelectuales de la cultura y la ciencia, y ganar el respeto de los actores de la producción y la opinión pública. Gestionamos el conocimiento radical para concluir en la mejor Plataforma. Fuimos la vanguardia en la agenda de género y en la promoción de la innovación para todos los ámbitos.

Estos beneficios están disponibles para una nueva etapa y suponemos que compartimos con todos los sectores internos la necesidad su rescate desde fortalecimiento institucional de la UCR.

No supimos hacer relevante la alianza con el MODESO. Así, uno de los precandidatos desistió en el momento que era proclamado el candidato partidario. El otro, imprevisto por otra parte, y nada menos que el Presidente del Partido, persistió no obstante las reglas de juego acordadas. Todo concluyó sin esa foto de unidad. De haber institucionalizado la estructura que asegure los propósitos buscados, hubiéramos evitado las primeras evidencias de una caotización que complotó contra todo nuestro esfuerzo.

No pudimos concretar la alianza con el socialismo. Compleja por lo dicho respecto a la nueva estructura electoral del País, pero por sobre todo por un proceso en el que cada una de nuestras fuerzas al final no dio los mismos pasos sinceros que al principio de nuestra relación. Así, todo estaba en línea con lo dicho en el final de la Carta a los socialistas cuando ya había cundido la incomunicación (coincidentemente con el final de las elecciones primarias santafesinas): “Que no vayamos juntos sería un mal entendido histórico. Que nos enfrentemos sería imperdonable. Entonces, dialoguemos antes de darnos por vencidos”.

Para nosotros este inesperado final fue, además de frustrante, otro aporte a la mayor caotización de la gestión de la estrategia afectando la percepción e imagen ideológica del acuerdo bonaerense. Y a partir de acá la crisis del proyecto, amplificada por los resultados de las PASO. En el medio, la compleja selección de candidatos que supone un acuerdo como este y que ajustó hacia el interior de nuestro espacio político interno.

V. No sería honesto refugiarnos en la comparación cuantitativa y cualitativa respecto al radicalismo al que le ganamos en junio del 2010. Para vencer al Kirchnerismo era necesario revolucionar los métodos de hacer política. Es lo que está inconcluso y lo que le debemos a la abnegada militancia radical. Especialmente a la juventud.

Nos negamos a entrar al debate de opciones ajenas a nuestra trayectoria. Somos firmes opositores a la reelección presidencial y a acomodar la Constitución con este propósito. O entregar a la derecha más electorado radical.

Vamos a servir al País mediante acuerdos virtuosos, tal como lo explicitamos en enero del 2009: Un consenso radical para recuperar la viabilidad electoral. Un consenso republicano, para evitar la asfixia política y moral a la que el Kirchnerismo somete al País. Un consenso progresista para sesgar el proceso político y económico en ese sentido. Un consenso nacional que beneficie al país con el tránsito del crecimiento al desarrollo y que supone un gran desafío social y cultural. Hay demasiadas divisiones en cada plano. Debemos dirigir la unión en cada uno y combatir la fragmentación frente al hegemonismo. El gran resabio del 2001.

El consenso radical debe tener en su base la estructura emergente de la interrelación entre los dirigentes de los gobiernos radicales locales, victoriosos a pesar de las circunstancias, las mujeres y lo jóvenes con el desafío de la nueva agenda y las direcciones tradicionales. Con nuevas conciliaciones entre la teoría y la práctica. Conducidos por la política.

Para esto necesitamos ganar en institucionalidad y modernizar el Partido. Promover el debate como otro de los caminos del conocimiento político y la capitalización de experiencias. En la intimidad de nuestras conciencias, suponemos le pasa a todos, preferiríamos no tener el mandato estatutario de votar en junio en elecciones internas. La victoria del 2010 nos obliga convocar con espíritu de grandeza a la unidad. Y lo hacemos con propósitos concretos (no de camándulas y repartijas) de compartir la dirección para potenciar los atributos fortalezas que aportamos al partido. Esto será posible si decidimos sortear las amenazas de comicios internos imposibles de explicar en el País político y entre los propios radicales. La elección interna es un obstáculo para la renovación que le debemos al País y a la juventud.

Nosotros vamos por el consenso para el fortalecimiento institucional del Partido garantizando su democracia interna y con propuestas acerca del cómo y el para qué. Integrando a todos los sectores y tomando la iniciativa hacia un nuevo contrato político radical.

Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Buenos Aires: Ricardo Alfonsín, María Luisa Storani, Juan Pedro Tunessi y Miguel Bazze

3 de abril del 2012.

Se cumplen hoy 30 años desde el inicio de la guerra de Malvinas. Un feriado quizá no sea lo mas conveniente a la hora de recordar una herida abierta y un hecho trágico que aun hoy duele a la Nación toda.

Es tiempo de revisiones, de anâlisis y de pensar en el futuro de nuestro justo reclamo de reivindicacion de la soberania argentina sobre las Islas.

Transcurrieron 3 decadas desde el conflicto armado dispuesto por el régimen militar que tirò por la borda los avances que gobiernos democráticos, como el de Arturo Illia, habían logrado en las instancias internacionales para el reconocimiento de nuestros derechos soberanos.

Hoy asistimos con dolor a una realidad que exhibe -ademas de las penas por las perdidas irreparables de cientos de jóvenes durante el conflicto y después del mismo- muchas cuentas pendientes.

La principal deuda la tenemos con los soldados: es necesario el reconocimiento en todos los sentidos a nuestros veteranos de guerra. Todos volvieron con mutilaciones (de las que se ven y de las que se llevan en el alma) y necesitan de un Estado que los acompañe en su inserción social.‬

No podemos soslayar ni seguir postergando el reconocimiento como veteranos de guerra de Malvinas a los ex soldados que participaron del conflicto de 1982 afectados a bases aéreas patagónicas, desde donde se atacó a la flota británica; circunstancias en las que todas las convenciones internacionales les reconocen el status de soldados combatientes. En cumplimiento de esas órdenes de defensa mueren 17 de sus compañeros, hoy incluidos en el total de 649 muertos por Malvinas.

Otra cuenta pendiente es la dificultad de hacer que una “causa nacional” como Malvinas se exprese en una estrategia de Estado, seria, permanente y consensuada por todos los sectores y fuerzas de la vida nacional comprometido con la recuperación pacífica de nuestra soberanía.

Resulta indispensable abordar estas cuentas pendientes; y hacerlo respetando la diversidad de opiniones de todos los que, desde la buena fe y sin renunciar a las aspiraciones nacionales, proponen distintos caminos de solución al conflicto, renunciando a la exacerbacion de los nacionalismos y sin utilizar el genuino sentimiento nacional como bandera detrás de la cual esconder las otras batallas en las que los argentinos estamos siendo derrotados: el combate contra el atraso, el estancamiento, la pobreza, la desigualdad y los impulsos autoritarios.

Las Malvinas son argentinas, justo es decirlo. Pero no podemos olvidar que muchas de las cuentas pendientes tras la guerra tambien lo son y de ellas debemos hacernos cargo, como mejor homenaje a los que dejaron su vida por la Patria.

Hay algo que no quiero dejar de poner de manifiesto: un partido político expresa una continuidad histórica de hombres y mujeres, ideas, acciones. Así como muchas veces, los radicales nos hacemos responsables de los errores cometidos en el pasado, hoy queremos reivindicar a Arturo Illia y Raúl Alfonsín, los dos dirigentes políticos que rechazaron desde el primer momento la convocatoria de la dictadura a apoyar la aventura militar.

Siento la necesidad de comunicarme con ustedes para insistir en lo que les comentaba en los post del día 31 de Marzo. Quienes dicen que votamos el proyecto de ley del oficialismo sobre el transporte de pasajeros, utilizan verdades a medias, para tergiversar la realidad y engañar a la sociedad. Ya les expliqué ayer nuestra posición.
Si hubiéramos votado el proyecto del oficialismo no tendría ningún inconveniente en admitirlo. Diría de manera expresa: ” Sí, votamos el proyecto del oficialismo” y explicaría las razones de nuestro voto. Pero no lo hicimos.
Si alguien cree que negamos haber votado el proyecto del oficialismo por temor a “quedar pegados” al gobierno,le digo lo siguiente: NO TENDRÍA NINGUN PROBLEMA EN VOTAR CON EL OFICIALISMO SI EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL QUE HAY QUE VOTAR, RESULTA CORRECTO. Si fuera el temor a “quedar pegados” al oficialismo o el temor a la críticas de los “oposiciónistas” lo que nos lleva a decir que no es cierto que votamos el proyecto oficialista, no diría lo que acabo de decir y repito: NO CREO QUE SEA CORRECTO VOTAR EN CONTRA DE UN PROYECTO DE LEY CON EL QUE UNO ESTA DE ACUERDO POR EL HECHO DE QUE ESE PROYECTO SE HAYA ORIGINADO EN EL OFICIALISMO. Es tan cierto esto que nadie se atrevería a sostener públicamente lo contrario.
Termino: Soy de los que creen que los problemas de la Argentina no se van a resolver si no contamos con una dirigencia seria. Hablo de la dirigencia en general. No sólo de la política.
En este orden de ideas, no es seria la actitud de aquellos que creen que el hecho de estar en la oposición nos obliga a oponernos incluso a aquellas iniciativas con las que estamos de acuerdo. Creo que no es necesario abundar en argumentos que respalden esta afirmación.
A la militancia, a los ciudadanos politizados que se interesan por el partido, les digo que tendremos que prepararnos para este tipo de disputas entre las fuerzas políticas y sociales.
Sólo una militancia muy activa, muy valiente, con coraje para situarse en las posiciones y lugares correctos, pero difíciles, nos permitirá contrarrestar las adversidades que tendremos que enfrentar hacia adelante.