Durante la campaña hicimos hincapié en las ausencia de políticas de transporte y en las consecuencias que ello tenía en términos económico y calidad de vida. Y poníamos especial énfasis en el capítulo referido al ferrocarril.

No voy ahora reiterar nuestro propuesta, a la que pueden acceder haciendo click aquí.

Quiero sólo recatar algunas ideas marco para un debate sobre el tema.

No se pueden seguir negando tres afirmaciones que hacíamos desde hace mas de dos años – y por supuesto en la campaña electoral -: 1) el sistema ferroviario argentino es más propio de un museo que de un país moderno (tanto en términos de seguridad, confort, frecuencias, velocidad así como desde el punto de vista de la competitividad económica); 2) el Estado, mas allá, de la retórica oficial, no ha cumplido con las responsabilidades propias del concedente (por supuesto las consecuencias, muchas veces dramáticas,de una u otra manera, las pagamos todos); 3) así no podemos seguir.

Decíamos además, y reiteramos ahora:

A) Hay que ordenar YA (no esperar 15 días)una auditoria exhaustiva sobre todas y cada una de la concesiones.

B) Detectados incumplimientos, establecer las sanciones. Según los casos, deberán ordenarse las rescisiones y las correspondientes reparaciones económicas.

C) Definir una política integral de transporte de pasajeros y carga (ferroviario, automotor, aéreo y fluvial).

D) A partir de lo anterior, determinar, cuál es el sistema ferroviario que necesita la Argentina (de cargas y pasajeros). Claramente, el Tren Bala no es necesario.

E) Determinación del tiempo que insumirá su materialización así com las modalidades de prestación del servicio (publica, mixta, en casos pública y en casos privadas), plan de inversiones y financiamiento.

F) Sea cual sea la modalidad, además de los estrictos controles estatales (que hay que redefinir), institucionalizar controles fuertes por parte de la sociedad civil.

Estas pocas líneas, me parece, sirven como disparador para un debate ciudadano, que nos preserve de la improvisación y de decisiones irreflexivas cuyas consecuencias, tarde o temprano, terminamos pagando muy caro.

En otra ocasión continuamos.

Un amigo, con motivo del contenido de uno de los post  ”Apuntes para la Militancia”, me reprochaba que no hubiera escrito uno acerca de lo que entendía por “progresismo”. El problema es que para hacerlo tendría que escribir un libro.

No obstante, y sin la pretensión de ingresar en los rigores propios de la teoría o la filosofía política, expondré, desde uno de los tantos puntos de vista desde los que se puede abordar el asunto, algunas ideas acerca de lo que entiendo por “progresismo”.

En adelante utilizo la palabra política para hacer referencia a la actividad que tiene por objeto organizar los distintos aspectos de la sociedad.

Así entendida, diría que esa actividad (la política) merece ser valorada como progresista cuando procura organizar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Es decir cuando asume que la búsqueda de la dignidad del hombre es un objetivo de la política.

Sé que alguien podría replicar que no ha conocido a nadie que afirme lo opuesto. Y es cierto. Sin embargo, podríamos decir que la diferencia con el pensamiento no progresista es la siguiente: éste ultimo considera que la dignidad del hombre, como la felicidad, es un asunto personal. Que cada uno debe procurarla por sus propios medios. Es decir, despolitiza la dignidad.

Dicho de otra manera: El pensamiento progresista sostiene que la política debe organizar la social proponiéndose garantizar dos valores fundamentales: la libertad y la igualdad (condiciones para la dignidad).

Diría lo siguiente: la política debe asegurar “igualdad en las libertades”. Y en un doble sentido, formal y material. En otros términos, la política debe asegurar que las libertades que se les reconocen a todos, puedan ser efectivamente ejercidas por todos. (No alcanza con la libertad de poseer vivienda o educarme si por razones económicas no puedo ni lo uno ni lo otro).

Y aquí aparece también la diferencia con el pensamiento opuesto.

Según este último, la política sólo debe garantizar la libertad formal. Su efectivo goce (libertad material) es un asunto personal. Es el mercado y no la política la que garantiza esto último. Dicho de otra manera se despolitiza la libertad en un sentido material. (O se despolitiza la igualdad; por lo menos en la medida en que ésta es concebida como las condiciones materiales o económicas sin las cuales ciertas libertades no pueden efectivamente ser ejercidas).

Por ultimo, y con relación a los textos anteriores, las prácticas poco republicanas que caracterizan al oficialismo, agravian la dignidad del las personas en tanto y en cuanto ellas claramente importan restricciones a una categoría importante de libertades: las ciudadanas.

Como dijimos en esos textos, el respeto a estas libertades no es condición suficiente para calificar de progresista a un gobierno, pero sí necesaria. El ejercicio de estas libertades, por otra parte, permite luchar por las demás.

Soy consciente de que lo dicho importa la simplificación de un asunto muy complejo sobre el que grandes filósofos han debatido y debaten. Sin embargo, creo que pone el acento en un aspecto importante del pensamiento progresista, a partir de cual se desprenden consecuencias teóricas y práctica de gran complejidad.

Un abrazo y en otra ocasión continuamos.

La sucesión de accidentes de trenes de los últimos meses, y que hoy nos enluta con un accidente de dimensiones pocas veces vistas duele y expone la realidad de un Estado incapaz de controlar y actuar en resguardo de los usuarios.

Espero que después de la lamentable tragedia en la terminal ferroviaria de Once el Secretario de Transporte no se niegue a concurrir al Congreso a explicar públicamente las razones del accidente y a responder a las preguntas acerca de la situación y el estado de las concesiones ferroviarias así como los controles que ejerce el Estado sobre las mismas.

En varias oportunidades hemos denunciado las desinversiones y la falta de control estatales, tanto en los servicios que funcionan en la órbita del gobierno nacional y como en la de la Provincia de Buenos Aires y hemos realizado propuestas, sobre las que nos gustaría dialogar con el Secretario Schiavi si es que decide concurrir a los reiterados pedidos que le hemos realizado.

La mejor manera de acompañar el dolor de los familiares de las víctimas,  para los que va nuestro abrazo, es actuando para que no vuelva a suceder una tragedia como la de hoy.

He dicho antes que si la sociedad cree que el combo de prácticas, actitudes, ideas y decisiones oficialistas son progresistas la salida será por derecha. Agregué luego que dicha salida puede representar, además, una preocupante continuidad.

Me refiero a lo siguiente: no sólo corremos el riesgo de que el próximo gobierno sea de derecha (noventista); corremos también el riesgo de que el próximo gobierno reproduzca las desviaciones institucionales que caracterizan al actual (concentración de poder, destrato institucional, burla a los controles, ausencia de debate, desprecio por los cuerpos deliberativos, compulsión decisiónista, desconsideración por los partidos y tendencia corporativa).

Dije también que nuestra joven cultura política democrática aún no posee defensas suficientes contra estas desviaciones.

Lo que quiero agregar hoy es lo siguiente: cuando digo que nuestra joven cultura política democrática no posee muchos anticuerpos contra las patologías aludidas, incluyo a la dirigencia. Y desde luego, no sólo a la política.

Pregunto: políticos, intelectuales, empresarios, analistas, periodistas que hoy denuncian con tanta fuerza las prácticas poco republicanas del oficialismo ¿serían todos tan críticos con esa forma de ejercicio del poder si las practicara un gobierno que les garantizara políticas mas afines a su ideología?

La pregunta no es arbitraria. No pocos cientistas políticos señalan la coincidencia, en este sentido, entre el menemismo y el kirchnerismo. Sin embargo, no todos los políticos, intelectuales, empresarios, analistas o periodistas que hoy son tan críticos con el oficialismo, levantaron su voz en los años ’90 (no por lo menos con la fuerza actual). A la inversa, los que hoy se callan la boca, fueron muy críticos en los años del menemismo.

Incluso hoy se juzgan con varas distintas comportamientos de gobiernos sub-nacionales cuya única diferencia con los comportamientos del gobierno central es la ideología. Lo mismo podríamos decir respecto de los juicios que se hacen con relación a gobiernos de otros países.

Reitero entonces, hasta que la sociedad no esté mayoritariamente dispuesta a sancionar estos comportamientos, sólo los partidos que posean una identidad fuertemente republicana serán capaces de no caer en ellos.

La cuestión no es menor: existe una estrecha relación entre República y Progreso. Mas allá de los discursos, hay sectores de izquierda y de derecha que no advierten esta relación.

Decía en textos anteriores que que una de las principales tareas que como militantes teníamos por delante, era caracterizar adecuadamente al oficialismo. Más concretamente, desmitificar la idea de que “el actual gobierno es el progresismo en gestión”.

El hecho de que algunas decisiones del oficialismo pertenecen claramente al pensamiento denominado progresista, hacen mas necesaria esta tarea de esclarecimiento.

Tal como me había comprometido, procuraré en este y otros textos, de la manera más breve posible, aportar a la misma.

En esta ocasión analizaremos algunas cuestiones formales. En particular la que tiene que ver con las formas a las que apela el oficialismo en el ejercicio del poder, y la relación de dichas formas con el progresismo.

No entraré en disquisiciones propias de la teoría política. Simplemente abordaré cuestiones bastantes obvias.

Tal vez la mejor manera de hacerlo sea a través de la siguiente pregunta: ¿Creen ustedes, sinceramente, que se puede considerar progresista la idea de que el control sobre el ejercicio del poder es un estorbo? ¿Se  puede en serio considerar progresista una concepción del ejercicio del poder que procura evitar los controles?

No digo que aceptar o facilitar  los controles sobre el poder sea condición suficiente para acreditar el progresismo de una gestión. Digo que no es progresista la pretensión de no querer ser controlado en el ejercicio del poder. Semejante actitud erosiona el carácter público del Estado. Cosa que de progresista no tiene nada. Recordemos que uno de los cambios que supuso la transición de la autocracia a la democracia tiene que ver con el hecho de que ésta permitió los controles que negaba la primera.

Ahora bien ¿el actual gobierno tiene una actitud que propende a facilitar los controles sobre su gestión o, al contrario, se ha caracterizado por debilitarlos?  Y no me refiero sólo a las instancias que tienen por objeto controlar la legalidad de los actos de gobierno, sino a las que tienen por objeto controlar el mérito, la conveniencia u oportunidad de determinadas decisiones.

Cualquier persona más o menos advertida sabe cuál ha sido el comportamiento oficial en esta materia. No necesito avalar con ejemplos concretos, el desdén y el desprecio que este gobierno, y el anterior, han puesto de manifesto por los controles y por las instituciones encargadas de ejercerlo.

El virtual desmantelamiento de la mayoría de los organismos de control, los condicionamientos al funcionamiento de la Justicia a través de la modificación del Consejo de la Magistratura, la utilización del aparato comunicacional estatal para desacreditar a los que denuncian u objetan hechos reñidos con la ley en el seno del Ejecutivo, la falta de respuestas a los pedidos de informes que se realizan desde el Poder Legislativo y hasta la expresa voluntad de no dar explicaciones ni siquiera en conferencias de prensa son algunas de las facetas que muestra esta pretensión oficial de no ser controlado.

El carácter progresista de la política no sólo está dado por el destino que se pretende para una Nación, sino por el camino que se elige para alcanzarlo.

Y esto, como dijimos, de progresista no tiene nada. Por supuesto,no es esta la única cuestión por la que vamos a continuar cuestionando la pretensión del gobierno de asignarse el lugar del progresismo.

Veremos en textos posteriores otros implicancias nada progresistas que acarrea esta idea del ejercicio del poder. (Adelanto a los ansiosos que ya hablaremos de algunas cuestiones de fondo. Es mas, en algunos casos, señalaremos nuestras coincidencias, sin que ello importe contradicción con nuestra caracterización del oficialismo).

Un abrazo y hasta pronto.

En un texto anterior decía que el gobierno había logrado instalar en una parte importante de la sociedad, la idea de que la actual gestión responde a una concepción progresista. Y agregaba que si no acertaba con las soluciones de los problemas que se pueden empezar a verificar como consecuencia de la combinación de sus propios errores y de los cambios que se han producido en el mundo, la sociedad le pasará la factura no sólo al oficialismo, sino al progresismo. Entre otros, a nosotros.

Por ello, decía, una de las principales tareas de la militancia tiene que ver con la necesidad de caracterizar adecuadamente al gobierno. En otras palabras, corregir el equívoco a partir del cual una proporción importante de la ciudadanía identifica la actual gestión con el progresismo (tarea a la que procuraré contribuir también desde este blog)

Decía al final del texto que estamos recordando, que si no teníamos éxito en este esfuerzo, la sociedad podía buscar una alternativa al oficialismo por derecha.

Ahora quiero agregar lo siguiente: no sólo corremos el riesgo de que se dé una salida por derecha (lo que de por sí no es bueno), sino que además esa salida puede representar ciertas continuidades preocupantes.

Me refiero a lo siguiente: el oficialismo representa un caso emblemático del modelo delegativo de democracia – que de progresista no tiene nada- (y que tan bien describiera Guillermo O’Donnell): desdén por las instituciones, desprecio a los controles y balances de poder, sesgo autoritario, cortoplacismo, etc.

Es necesario señalar que la existencia de gobiernos que ejercen el poder de esta manera, no se explica sólo porque el partido gobernante sea poco afecto a las formas republicanas, sino también por la existencia de una sociedad que es tolerante con este tipo de prácticas.

Ahora bien, la tolerancia social con estas formas de ejercer el poder, es condición necesaria para que ellas se registren, pero no suficiente.

En otros términos, por más tolerante que sea la sociedad frente a esas desviaciones en el ejercicio del poder, si el partido gobernante posee una fuerte convicción republicana, las mismas no se registrarán.( Brasil es un ejemplo de ello )

La pregunta, entonces, es la siguiente: si no hay todavía una cultura política que nos prevenga contra ese tipo de prácticas ¿nos dan, todos los partidos de la oposición, las mismas garantías respecto de que no incurrirán en ellas? ¿Tienen todos los partidos de la oposición la misma convicción republicana ?

Tengo mis dudas, y en otra ocasión daré las razones de ellas. Por ahora, me quedo con las palabras que tantas veces escuché de nuestro amigo y último candidato a vice presidente del partido, Javier Gonzalez Fraga, cuando al responder a una pregunta que consultaba acerca de las razones por las cuales se había afiliado a la UCR, dijo algo como lo siguiente: porque además de ser un partido popular, es el que más garantías da en términos de respeto a las institución de la república, a la Constitución y a su sistema de libertades y garantías individuales. Porque la república y el apego a la ley y las instituciones, son condiciónes necesarias para el progreso.

Frente a la reacción ciudadana con relación a la megaminería, la Presidenta exigió ayer comportamientos más racionales, y está bien.
El problema es que no podemos pedirle a los ciudadanos que se conviertan en expertos en minería y medio ambiente.
Cómo hacemos, entonces, para que la sociedad actúe de manera razonable, luego de escuchar a especialistas (o supuestos especialistas), opinar de manera tan discordante sobre asuntos que no son menores?
La respuesta es bastante obvia: ES EL ESTADO NACIONAL EL QUE DEBE CONTRIBUIR A LA RACIONALIDAD Y LLEVAR CERTEZAS Y TRANQUILIDAD A LA SOCIEDAD. EL ESTADO NACIONAL DEBE DAR, Y NO SÓLO PEDIR TRANQUILIDAD.
Ahora bien, para que la sociedad pueda confiar en el Estado, deben reunirse ciertos requisitos. Entre otros:
1) Debe contar con instituciones que reunan el conocimiento, la inteligencia y el presupuesto necesarios (como el INTA o el INTI) para investigar todo lo que tiene que ver con la minería; entre otras cosas, con los riesgos ambientales y las eventuales estrategia para minimizarlos o neutralizarlos.
En palabras mas sencillas, el Estado nacional nos debe decir: estos son los costos, estos los beneficios, estos los riesgos, estos los mecanismos para minimizarlos, etc. Pues bien, no existen instituciones comparables a las mencionadas.
2)Tratándose de una actividad de riesgo ambiental grave, hay que tomar recaudos precautorios muy severos; y los ciudadanos deben tener la certeza de que el Estado nacional tiene la capacidad no sólo para determinar, como dijimos, cuáles son esos recaudos, sino para realizar los controles necesarios para saber si se cumple con los mismo, y/o hacer inspecciones que permitan detectar eventuales falla o accidentes en el sistema precautorio.
Se desprende de lo dicho en el punto 1), que hoy el Estado Nacional no puede cumplir con eficiencia esa tarea.
En todo caso, hoy, esta tarea de control es resorte de quienes están promoviendo la actividad minera: las provincias. No es la instancia que cuenta con mas posibilidades de garantizarlo.
3) Por último, aunque no menos importante, tampoco existe una visión estratégica sobre el sector. (Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con el cobre: lo exportamos concentrado y luego lo importamos procesado).
La consecuencia de estas carencias no es sino la dificultad para los juicios razonables. O mejor dicho, la sociedad no sabe cuál es el juicio razonable. Hay para todos los gustos. Los especialistas parecen tener todos la misma autoridad, pero dicen cosas contradictorias (hasta sobre cuestiones de hecho).
Y la reacción natural (racional) de la sociedad, frente a un Estado que no brinda información confiable, es oponerse. Lo irracional seria consentir con tranquilidad e indiferencia. Y lo seguirá siendo mientras el Estado nacional no garantice estos requisitos.

Un abrazo fuerte y hasta pronto.

En un reportaje radial de la semana pasada, el periodista precedió su pregunta sobre la disputa existente entre la CGT y el Gobierno, diciendo que, en virtud de declaraciones anteriores, presumía que yo estaría de acuerdo con el hecho de que el Gobierno Nacional se “independizara de la organización de los trabajadores”.

Respondí enseguida que nunca había reclamado tal cosa. Que en todo caso, con las mismas palabras, pero combinadas de manera diferente, había dicho que “la CGT debe ser independiente del gobierno”. Y no de éste, de cualquiera. Y de los partidos políticos. Y ello para bien de la CGT y los trabajadores. Lo que es muy distinto.

En otras palabras: que la organización de los trabajadores sólo debía defender el interés de sus representados. Desde luego, con responsabilidad, y compatibilizándolo con el interés general.

Alinear la organización de los trabajadores a un partido político (esté en el gobierno o en la oposición) desnaturaliza y desvirtúa su función; y termina deslegitimándola ante sus representados.

Lo ocurrido en la década del ’90 (podría mencionar otros momentos) es un ejemplo claro de lo que acabo de decir. En aquellos años, si no toda, la mayoría de la dirigencia de la CGT acompañó políticas que terminarían conspirando, precisamente, contra los asalariados. Incluso durante las gestiones del actual oficialismo, apoyó decisiones (o silenció críticas) que, a la larga o a la corta, perjudicarían a los propios trabajadores. Sólo un ejemplo: además de decir que “actualizaban los salarios por la inflación de los supermercados” y no por la del INDEC, debían haber reclamado que el gobierno ataque el proceso inflacionario (que perjudica sobre todo a los que viven de un trabajo, y no sólo en su salario).

Una digresión: sin entrar en detalles, soy de los que piensan que, en general, la huelga no es la herramienta apropiada para oponerse a las políticas de gobierno, salvo, claro está, que las mismas afecten directamente las condiciones laborales.

Volviendo al tema inicial, hay que señalar que el periodista, además, incurría en un error de interpretación. En efecto, decía que “el gobierno está procurando “independizarse” de la CGT”. A mi juicio, sería mas correcto decir que el gobierno pretende que la organización de los trabajadores no tenga independencia respecto del gobierno. Exactamente los contrario de lo que propongo.

Mas allá de la cuestiones puntuales que los diferencian, lo que en el fondo está en juego es la pretensión del gobierno de controlar la CGT.

Me alegra que la dirigencia del mundo del trabajo se niegue a aceptar que el gobierno imponga a los trabajadores una actualización salarial inferior a la inflación real. Mejor dicho, me alegra que los trabajadores se comporten con independencia del gobierno. Me alegra el hecho de que el aumento salarial, sea cual sea, surja de la discusión (responsable) de los trabajadores con los empresarios que, por otra parte, saben defenderse muy bien.

En todo caso, si el gobierno considera que el aumento salarial debe tener un techo, que explique los fundamentos y las razones de su pretensión y que convoque a un acuerdo entre las partes, asumiendo las responsabilidad de decir las cosas como son.

Algo más: una de las deudas de la democracia tiene que ver con la necesidad de repensar el rol y la institucionalidad de la organización de los trabajadores. Pero no nos equivoquemos, no esta la intención del gobierno. En otra ocasión seguimos. Un abrazo fuerte.

El 23 y 24 de Enero se reunió en San José de Costa Rica el Consejo de la Internacional Socialista. La Presidente costarricense Laura Chinchilla y el ex Presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias fueron los anfitriones del encuentro, en el que participamos delegaciones de partidos socialdemocratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

En representación de la Unión Cívica Radical, asisitimos Marcelo Stubrin y yo.

Lo primero que hicimos fue solicitar apoyo a la posición argentina en el sentido de que Inglaterra se someta a la institucionalidad y al derecho internacional para resolver el conflicto planteado por la usurpación de Malvinas.Dado el hecho de que la temática no estaba en el orden del día (elaborado con bastante antelación), presentamos la solicitud por Secretaria a los fines de que se considerara su tratamiento en la próxima reunión de Sudáfrica.

Mas tarde, luego de escuchar y compartir exposiciones sobre los efectos negativos que la aplicación del llamado Consenso de Washington había tenido sobre nuestros ideales de progreso con justicia y equidad, hice algunos comentarios cuando fue el turno de mi intervención en el pleno, que más o menos reproduzco ahora:

1. El llamado Consenso de Washington, de “consenso” tenía poco y nada; que se parecía más a una “imposición”. Esto es mas claro en los países menos avanzados. Se hace necesario, entonces, analizar la expansión de las propuestas neoliberales desde esta perspectiva de la imposición.

2. En este orden de ideas, manifesté que ciertos cambios (tecnológicos, geopolíticos y económicos) que se registraron en los últimos 30 años, deterioraron la capacidad de los estados nacionales (o de la política nacional) como instancia ordenadora de las diversas dimensiones de lo social (la económica en particular).

3. Que la política nacional o los Estados Nacionales hayan perdido margen de maniobra a la hora de definir aspectos centrales de la organización social implica que la democracia también ha retrocedido. al menos en cuanto ésta significa también un régimen político que -para utilizar una palabra horrible pero de uso extendido – se propone un creciente “empoderamiento” político de los ciudadanos.

4. La globalización económica hace que los Estados Nacionales vean limitadas sus capacidad para ordenar el funcionamiento de la economía en sus propios territorios: en los tiempos en los que las actividades económicas funcionaban básicamente en los mercados nacionales, los Estados tenían mas posibilidades de ordenarla (entre otras cosas, para imponer regímenes fiscales, laborales, medioambientales, etc.) Hoy ocurre con frecuencia que si a una empresa no le gustan las exigencias fiscales, laborales o medioambientales de un país, no tiene demasiados inconvenientes para hacer las valijas y radicarse en otro que, necesitado inversiones, establece condiciones mas favorables (que satisfagan mejor la lógica de “la mayor ganancia con el menor costo”).

5. La revolución tecnológica, además de facilitar la globalización económica, impacta sobre el mundo del trabajo. La automatización de la producción limita el acceso al trabajo, afectando la fuerza de las organizaciones de los trabajadores y debilita también la acción de los Estados nacionales como articuladores de las tensiones entre capital y trabajo.

6. El fin de la guerra fría a su vez (fracaso del “socialismo real”), generó las condiciones para que el capitalismo, sin competencia ideológica, empezara a desandar el camino que había recorrido para suavizar sus aspectos mas duros. La inexistencia de la amenaza “socialista” hizo menos permeable al capitalismo respecto de la exigencias de los Estados. Con la caída del muro de Berlín, dice un intelectual contemporáneo, cayó también el muro que contenía las principales abusos del capitalismo.

7. En suma, combinados, estos tres fenómenos han tenido un impacto negativo sobre el margen acción de la política local. Los mercados y el capital han ido incrementando su capacidad de veto de las decisiones políticas locales. Esto no quiere decir que los Estados nacionales no posean poder, sino que han perdido parte del poder que les sirvió para arrancarles conquistas sociales al capitalismo. Y que esto se expresa en términos de retroceso u obstáculos para alcanzar otros logros.

8. Los Estados mas avanzados y los que mas poder poseen en los organismos internacionales, se han visto beneficiados por este perdida de relevancia de la política local.

9. La respuesta que tenemos que dar no es la desglobalización, ni el retroceso ni el freno al progreso científico tecnológico, ni el regreso a los tiempos de la guerra fría. Que ello no sólo es improbable sino, además, inconveniente.

10. La globalización, la revolución tecnológica y el fin de la guerra fría pueden y deben ser factores que operen a favor de la construcción de un mundo mucho mas justo que el anterior. No se trata de volver al pasado. Hacerlo, como decía Ortega y Gasset, seria la mejor manera de repetir en el futuro el presente que deseamos cambiar.

11. Es difícil que una reversión de esta situación de debilidad de la capacidad de acción de los Estados Nacionales venga por el lado de la política local o nacional: debemos lograr ciertos niveles de mundialización de la política o la regulación económica. Se hace necesario, entonces, repensar la institucionalidad internacional.

12. La Internacional Socialista y los partidos que la componen debemos darnos un debate sobre estos aspectos y pensar en la reformulación de algunas cuestiones de la institucionalidad internacional. De la misma forma que esto se plantea con relación al crimen internacional o al medio ambiente. Soy consiente de las dificultades enormes que el desafío representa en términos prácticos, de las contradicciones entre los estados, así como hacia adentro de ellos, pero que debíamos encarar esta tarea.

La reconfiguración del orden mundial luego de las crisis ultimas puede ser una oportunidad propicia para afrontar este debate.