Ricardo Alfonsin

Existen en la oposición (utilizo la expresión en un sentido comprensivo no solo de los partidos políticos) distintas ideologías.

1) Están por un lado los republicanos, que se indignan frente al destrato institucional del oficialismo y  a la afectación de garantías constitucionales o a la falta de transparencia.
En esto pueden coincidir conservadores y socialdemócratas. Como expresión socialdemócrata la UCR comparte esta mirada crítica al oficialismo.
Atención: hay quienes no estan sinceramente interesados en esto. Quiero decir lo siguiente: si el gobierno aplicara las políticas que les gustan, no abrirían la boca. Como no lo hacen con gestiones subnacionales o internacionales que incurren en las mismas desviaciones pero son del signo político que les gusta.

2) Por otro lado estan los que critican la idea de que el Estado debe intervenir en la economía. Los neoliberales. Aquí no nos ubiquen a los radicales. Nosotros  somos conscientes de que la condición de vida depende en gran medida de la forma en que funciona la economía, razón por la cual creemos que el Estado de intervenir para dotarla de funcionalidad solidaria.

3) Estan los que, no obstante compartir la idea de que el Estado debe intervenir en la economía, critican al oficialismo porque sus intervenciones, o bien no son progresistas o bien no son eficientes.
Como en el caso del punto 1), en este también estamos nosotros.
Nuestra critica, en síntesis, y con relación a este punto, es la siguiente: muchas de las intervenciones no son progresistas y las que podrían serlo, no lo son por ineficientes.
El progresismo ineficiente es tanto o mas dañino que el neoliberalismo en la gestión.

Algunos nos critican porque no nos oponemos a que el Estado intervenga y porque solo cuestionamos las intervenciones ineficientes o ilegales.

Vamos a seguir haciendo lo que consideramos mejor para el país,

MENSAJE A LA MILITANCIA

El oficialismo piensa que no es fácil  ganar elecciones presidenciales por derecha. Por eso desea que el PRO sea el principal (si es posible, el único) adversario en el 2015. Y hará lo posible para que eso ocurra.

Por supuesto, no esperen elogios. La táctica es y será la siguiente: transformar al PRO en el principal destinatario de sus críticas. Incluso, intentará victimizarlo.Sabe el gobierno por experiencia, que la victimización (dar lástima) puede ser es un buen recurso electoral. El PRO también.

El “riesgo” de que se imponga el PRO, especulan en el oficialismo, haría que una proporción importante del electorado progresista (no oficialista), se inclinara por los candidatos del FpV (voto útil) a expensas de las fuerzas auténticamente progresistas y republicanas.

Por supuesto, el FpV se vende como expresión del progresismo (en otra ocasión hablaremos de esto) y apuesta a llegar al 2015 como la principal (si es posible, única) alternativa para el electorado de centro izquierda.

Por su parte, los sectores mas conservadores y liberales del país aprovecharán la ayuda que les brinda el oficialismo para recrear en la Argentina el Partido Conservador, ausente desde hace tiempo en la política nacional.

Estabilizada la democracia, estos sectores se apoderaron del Justicialismo. Pero Menem cayó en desgracia, y el PJ ya no resultaba confiable: un periodo por izquierda otro por derecha. Necesitan recrear el partido conservador y previsible.

Este post, obviamente, no tiene por objeto hacer un análisis político, sino advertir acerca de algunas de las dificultades que tendremos que enfrentar de cara al 2015.

Como ustedes saben, la comunicación es un elemento fundamental en política. En  democracia, sólo accedemos al gobierno si contamos con el acompañamiento mayoritario de la sociedad. Y el acompañamiento de la sociedad depende de la opinión que la ciudadanía tenga de cada fuerza política. Y esa opinión depende de la posibilidad que tenga cada fuerza política de comunicar sus ideas o posiciones.

Si un partido no cuenta con esa posibilidad, y si además la comunicación le resulta adversa en el sentido de que desde las instancias principales de comunicación, tergiversan, desnaturalizan, desvirtúan o no publican sus posiciones, está en problemas.

Pues bien, en este sentido, la UCR está en situación desventajosa con relación a otras fuerzas políticas. Concretamente, con relación al PRO Y al FpV.

El gobierno va a poner su formidable aparato comunicacional a favor del oficialismo, y del PRO (con relación a este último, hablando permanentemente de él. Con la certeza, además, de que la prensa “proista” complementará la tarea).

Por el lado de los sectores conservadores y sus espacios de comunicación, harán lo mismo. Instalarán también  la idea de que el PRO es el único opositor.Y puede que por derecha lo sea. Lo que no es lo mismo. Todo, con el propósito de que en el 2015 el electorado se polarice entre ambos.

Otros medios, o periodistas,pueden mantener una actitud mas objetiva. Ojalá así sea. Pero lo cierto es que, en materia de comunicación, estaremos en gran desventaja. Muchos medios a favor del gobierno. Muchos medios (programas y revístas, diarios) incluidos los oficialistas, a favor del PRO. A favor nuestro ninguno. En el mejor de los casos, a los imparciales, no los tendremos ni a favor ni en contra.

Que quede claro: no queremos medios a favor. Queremos que todos sean imparciales. En todo caso, si no lo son, que lo manifiesten. Que digan “queremos que gane este partido y que pierdan estos otros”. En otro post seguiremos hablando sobre comunicación y democracia.

Amigos, por ahora solo quiero agregar lo siguiente. Mucho espíritu crítico frente a la información; mucha precaución. Y mucha militancia: solo un partido unido, con un fuerte compromiso militante, nos permitirá compensar esta diferencia en materia de comunicación. A militar en todos los ámbitos.

Algún medio gráfico y varios audiovisuales (y algunos políticos) han formulado algunas objeciones a nuestro voto que merecen una respuesta. 

Quiero dar respuesta a estas argumentaciones, convencido que debemos ser claros en este debate, escapándole al maniqueísmo, a las segundas intenciones y rechazando la deshonestidad intelectual.

1) PORQUE SOMOS OPOSICIÓN DEBIMOS VOTAR EN CONTRA.
La idea me parece insólita. Como somos oposición, aunque la iniciativa nos parezca buena para el país, debemos votar en contra. ¿Se puede públicamente defender esta posición? ¿Está mal votar a favor de lo que el partido cree que es conveniente para el país? Por supuesto que no. En todo caso, eso hacía el Justicialismo en los ’80. Nosotros no.

2) QUEDAMOS “PEGADOS” AL OFICIALISMO.
Es parecido al argumento anterior. ¿Así que un partido oposicion no debe debe votar en contra de una iniciativa del gobierno que le parece justa y conveniente, por temor a quedar “pegado” al oficialismo? Si efectivamente parte de la sociedad cree que al votar una iniciativa del oficialismo, la UCR pierde independencia del gobierno, debemos hacer docencia explicando por qué las cosas no son así.
Si mañana ingresara un proyecto del oficialismo derogando la ley de medios, me pregunto si esos periodistas (y políticos) tambien pensarían dirían también que la oposición debe votar en contra, para no quedar “pegada” al oficialismo? Por supuesto que no.
Piensen en esta otra hipótesis: algunos de los que nos critican con los argumentos analizados en este punto (y el anterior), reclaman desde hace tiempo la eliminación de las retenciones. Muy bien, si mañana ingresara un proyecto del gobierno eliminando las retenciones, me pregunto si tambien dirían, como lo hacen con YPF, que tenemos que votar en contra porque somos oposición y para no quedar pegados al oficialismo). Por supuesto que no.
Lo que en el fondo nos reprochan es que hayamos votado algo que ellos no comparten: la estatización de YPF (con este o con cualquier gobierno).

3) POR QUÉ, DESPUÉS DE NUESTRAS CRÍTICAS, VOTAMOS A FAVOR EN GENERAL:
También quiero responder a la objeción de algunos periodistas y políticos. Me refiero a aquella que dice que no se entiende cómo después de responsabilizar al gobierno por la crisis energética, votamos a favor de la estatización de YPF. (Digamos antes que nada que no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra).
Ya expliqué en otro post las razones de nuestro voto. Quiero en éste referirme a la omisión en la que incurren los periodistas para poder decir cosas como estas. En efecto, para poder hacerlo omiten una de las criticas mas importantes que le formulamos al oficialismo. Y ustedes pueden verlas en varios sitios de internet.
¿Cuál fue la crítica que le hicimos al oficialismo y que ciertos periodistas omiten? Brevemente, les dijimos que los hombres y mujeres que hoy integran el FpV son los responsables de la actual crisis energética, pero no sólo por los errores cometidos desde el año 2003, sino y especialmente, por haber cometido uno de los más graves de los últimos tiempos: la privatización de YPF. Les dijimos que aquella decisión, inevitablemente, tenía que terminar como ha terminado. Que la historia de la actual crisis comienza con aquella decisión.Que era previsible que ocurriera lo que ha ocurrido.
¿Se puede, después de escuchar nuestras exposiciones, en particular, la dura crítica a la privatización, decir que nuestro voto a favor de la estatización no fue coherente con la exposición?Por supuesto que no, por eso omiten mencionar esta parte de los fundamentos de nuestra posición.Claro que criticamos también lo que hicieron a parir del 2003, pero dijimos con claridad que el primer error había sido la enajenación de YPF. Y que había que repararlo.
¿Por qué esos periodistas, analistas y políticos, omiten esta parte de la crítica? Para poder decir lo que dicen: que nuestro voto no fue coherente con la exposición. Fuimos tan coherentes como ellos: defendieron la privatizacion y ahora se oponen a la estatizacion.

4) EL VOTO DE LA OPOSICIÓN SOBRE YPF DEJO SIN REPRESENTACIÓN A PARTE DE LA SOCIEDAD.
Esta es otra crítica que nos hacen. Francamente, no entiendo bien la objeción. Votamos de acuerdo con la convicción de que hacíamos lo mejor para los argentinos.Incluso desde un punto de vista pragmático,no se podía continuar con las cosas como estaban. Ya expliqué la razones por las que pensábamos y pensamos que era peor continuar con la situación anterior a la sanción de la ley.
No creo que tenga mucho fundamento sostener que hay que cambiar de convicción para representar a quienes no piensan como nosotros. Sería más o menos actuar como Groucho Marx (Estos son mis principios, si no les gustan los cambio).
En todo caso, si alguien dejó sin representación a cierto sector social no fuimos nosotros, sino el partido que desistió de competir por la Presidencia de la República porque las encuestas aseguraban el triunfo del oficialismo.
Si todos hubiéramos hecho lo mismo la totalidad de los que no son oficialista hubieran quedado sin representación.
Sin embargo, escuché muy pocas consideraciones críticas sobre el tema.

5) DICEN QUE DEBÍAMOS TENER UNA PROPUESTA PROPIA.
Sorprende esta objeción porque SI LA TENÍAMOS. No quiero ingresar en tecnicismos propios del trámite legislativo, pero teníamos nuestra propuesta. Ocurre que cuando una propuesta es minoritaria, no se pone a votación. Solo se somete a votación la mayoritaria.
Se dice que votamos el proyecto del oficialismo, lo que no es exacto. Como no se puede poner a consideración sino la propuesta de la mayoría (y la nuestra no lo era), si uno quiere votar la estatización de YPF, no tiene otra manera de hacerlo que votando los artículos que en la propuesta de la mayoría disponen la estatización.
A esto se llama “votar en general”, pero bien podría llamarse “votar en particular”, porque no votamos todo el proyecto. Sólo votamos los artículos que coincidían con los que tenía la nuestra. El resto fueron votados en contra.
Como les dije antes, nuestra propuesta no puede someterse a votación porque era minoritaria, pero a continuación les señalo algunas de las cosas que proponíamos:
1) Intentar un acuerdo de compra.
2) Frustrado el intento de acordar la compra, expropiar.
3) Ordenábamos una auditoría para determinar la situación contractual de todas las concesionarias y las prorrógas de las concesiones. En caso de incumplimiento las áreas concesionadas regresaban al Estado.
4) Sometíamos a YPF estatal a la AGN.
5) Creábamos una comisión investigadora para determinar eventuales responsabilidades económicas y penales de las empresas y de los funcionarios.
Estas son algunos de los contenidos de nuestra propuesta. Es decir, no es exacto afirmar que no contábamos con una alternativa al oficialismo.
De todas maneras, las cosas que faltan en la ley del oficialismo, pueden ser incorporadas más adelante si se avienen o cambia la relación de fuerzas.

6) LA UCR VOTÓ UNA LEY QUE ES INCONSTITUCIONAL PORQUE SE EXPROPIÓ SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN.
La Constitución Nacional, efectivamente, exige que la expropiación debe ser previa y justamente indemnizada. Algunos, a partir de esta disposición afirman que la ley sancionada es inconstitucional; y a continuación se preguntan cómo puede ser que el radicalismo haya votado una expropiación inconstitucional.
Pero esta pregunta parte de un error. En realidad, mas allá de que la ley en cuestión sea conocida como “la ley que expropia YPF”, lo cierto es que la ley no expropia nada, sino que ” declara a YPF sujeta a expropiación”. La expropiación propiamente dicha, es algo que se puede hacer sólo después del dictado de la ley. La ley no expropia, declara algo (en este caso YPF) sujeto a expropiación. El pago debe hacer con posterioridad, cuando se haga efectiva la expropiación.

7)  DICEN QUE CON LA LEY ESTAMOS DEJANDO INPUNES EVENTUALES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE REPSOL Y EL ESTADO.

No puedo entender cómo se puede decir semejante cosa. No tiene ni pie ni cabeza. Nada en la ley permite decir algo semejante.

Nada impide que se hagan las denuncias e investigaciones pertinentes respecto de los hechos ilegales que pudieran haber ocurrido con anterioridad. Realmente, no entiendo de dónde sacan tamaño dislate.

En todo caso, las dificultades que existen no sólo para investigar y sancionar las eventuales ilegalidades con relación a YPF sino, las irregularidades o ilegalidades en general, tienen que ver con lo que todos saben. Con la falta de independencia de ciertas instancias judiciales, con el actual diseño del Concejo de la Magistratura, con el hecho de que los organismos de control están integrados mayoritariamente por el oficialismo.

Y esto, por supuesto, no se cambia con la estatización o privatización  de YPF, sino con la leyes que hemos presentado en el parlamento, y que los representantes del oficialismo se se niegan al aprobar.

Intentaré de la manera más breve posible explicar las razones por las cuales votamos a favor de la estatización de YPF.

1) Siempre hemos pensado que el Estado debe procurar promover y defender el interés general. (No todos piensan lo mismo. Hay quienes creen que la mejor manera de defender el interés general,es dejar que cada uno defienda sus intereses particulares).

2) Igualmente, siempre hemos creído que para que el Estado pueda cumplir con su cometido (la defensa del interés general) debe hallarse en condiciones de poder influir en el funcionamiento de la economía por la influencia que la misma tiene en la calidad de vida de los miembros de la sociedad.

3) También a lo largo de la historia hemos sostenido que para para poder influir sobre la economía y su funcionamiento (aunque no sólo por esto), el Estado debe poseer la propiedad de la explotación de recursos como el gas y el petróleo (Y en esta convicción, sin distinción de ideologías diría, nos acompañan la inmensa mayoría de los países del mundo).

4) Con nuestro voto no hemos acompañado al oficialismo, sino nuestras propias convicciones. Es, en todo caso, el oficialismo el que “acompañó” al radicalismo. (Recordemos que en los 90, los hombres y mujeres del FpV, privatizaron YPF). En esta ocasión estaban dadas las condiciones para reparar el daño que se le causó a la Argentina con la privatización de YPF. No es seguro que el oficialismo no cambie otra vez de idea.

5) No es que hayamos transferido YPF al gobierno, sino al Estado. El Estado nos trasciende a nosotros y al gobierno.

6) La situación anterior al dictado de la ley era insostenible. Así no se podía seguir. Haber dejado las cosas como estaban no nos daba ninguna garantía. A esta situación llegamos con las cosas como estaban antes de la sanción de la ley. REPSOL no nos merece ninguna confianza.

7) Tampoco nos merece confianza el gobierno. Pero no nos merecería más confianza ni limitaríamos la posibilidad de que cometa errores dejando las cosas como estaban.

8 ) En todo caso, creo que la sanción de la ley es una razón para ser al menos un poco más optimistas. No por convicción, sino por necesidad el gobierno tendrá que hacer las cosas mejor. REPSOL no tiene que rendirle cuentas a la sociedad cada 2 años. El gobierno si. Si no hace las cosas bien, ya no podrá echarle las culpas a REPSOL. Sin chivos expiatorios, será el gobierno el que pagará los costos políticos en las elecciones del 2013.

Ahora están más obligados a hacer las cosas bien.

Hoy y mañana debatimos en la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de YPF. En la oportunidad de hablar en el recinto, dije estas palabras en consonancia con la postura decidida por la Unión Cívica Radical y sus bloques legislativos:

“La  grave situación energética por la que estamos atravesando no es sino consecuencia inevitable y previsible de la decisión de enajenar YPF en los años 90 y de los errores cometidos desde el año 2003 en adelante”.

“La responsabilidad por la actual situación es del oficialismo. De lo que viene ocurriendo a partir de 2003 y de lo ocurrido en los ’90. Más concretamente de la política de enajenación de los principales activos del Estado, en particular de YPF”

“El hecho de que el actual partido haya cambiado de nombre no oculta la circunstancia de que la mayoría de sus miembros formaban parte del partido de gobierno en la década del90. Incluso el ex presidente Néstor Kirchner y la actual presidente Cristina Kirchner formaban parte de ese partido, acompañaban ese gobierno y con fervor, con entusiasmo y de manera indubitable acompañaron las políticas que se conocieron como aquellas que desmantelaron los activos del Estado”

“En los ‘90 con la privatización de YPF comienza esta historia. Pero allí no se agota la responsabilidad del oficialismo. Desde el 2003, como consecuencia de las erróneas políticas aplicadas, empieza a descender de manera estrepitosa no sólo la producción sino las reservas de gas y petróleo. Durante esa gestión se perdió, nada más y nada menos, que la soberanía o el autoabastecimiento energético. Desde el 2003 en adelante, lo que nos había costado casi 100 años alcanzar y que pudimos lograren el gobierno de Raúl Alfonsín, lo perdimos a partir del año 2003: el autoabastecimiento energético”

“El año pasado los argentinos tuvimos que importar energía por más de 9 mil millones de dólares y es probable que este año tengamos que hacerlo por una suma que rondará los 12 mil o 14 mil millones de dólares. ¿Por qué importamos? ¿Porque  nos gusta importar? Recién un miembro preopinantedijo que la importación tenía que ver con el crecimiento económico. Eso no es cierto.Tuvimos que importar porque la producción del petróleo cayó de manera estrepitosadesde el 2003 al 2010. En 2003 producíamos, para hablar de cifras redondas,  43 mil millones de metros cúbicos de petróleo.En el 2010, siete años después, producíamos 33 mil millones de metros cúbicos depetróleo; es decir 10 mil millones de metros cúbicos menos que siete años antes.No fue el crecimiento económico lo que nos obligó a importar. Fue la caída en la producción lo que nos obligó a exportar”

“En los `80 con un país mucha más pobre, con un barril de petróleo que valía 8 dólares es decir cuando la actividad era mucho menos rentable., hacíamos exploraciones cuyo promedio era más o menos de 115 pozos por año. Desde el 2003 se están haciendo exploraciones a un promedio más o menos de 45 pozos por año. Y si bien Repsol es la que explica la mayor caída en la producción y la exploración hidrocarburíferas, no es ni mucho menos la única empresa del sector que registra estas caídas en la producción. Casi todas las concesionarias, no sólo Repsol YPF han incumplido sus obligaciones de inversión. Casi todas las concesionarias se han comportado de la misma manera que Repsol desde 2003 en adelante. Por eso nuestra propuesta alternativa ordena una auditoría general sobre el conjunto de las concesionarias para ver cuál es la situación contractual y eventualmente determinar las responsabilidades económicas y penales que puedan corresponderle, no solo a las empresas, sino a los funcionarios que tenían la responsabilidad de ejercer los controles pertinentes si no lo hicieron. Hace tiempo que veníamos advirtiendo esta situación. Lo dijimos durante la campaña electoral. Nos decían que éramos agoreros, que no había crisis, que no había cortes masivos. Lo que no decían es que no se producían cortes masivos porque estábamos importando energía. Porque la política consistía en reemplazar el autoabastecimiento por la importación de energía. Porque por supuesto había dólares y ahora empiezan a faltar los dólares. Y la importación sin dólares neos lo mismo. Así no cierran las cuentas”

“Recién ahora admiten el daño, más vale tarde que nunca. Al menos han reconocido que así no podemos seguir. Que reconozcan las responsabilidades que les caben, aunque creo que frente al oficialismo, sería mucho pedir”

“Repsol y el resto de las concesionarias tienen una responsabilidad fundamental en la crisis energética. Han incumplido con sus obligaciones. De forma leonina han abusado de este Viva la Pepa en la que se convirtió el mercado energético por ausencia del Estado. Se han llevado las utilidades, han vaciado las empresas. Lo que se le ha tolerado a Repsol es realmente escandaloso. Vienen a nuestra memoria los tiempos de la colonia cuando se llevaban la plata desde Potosí para enriquecerlas economías europeas dejando hambre miseria y desolación en esta parte del continente. A mí me avergüenza como argentino imaginar qué piensan los españoles cuando se enteran de que nos han saqueado de esta manera frente a la pasividad del gobierno y frente a la ignorancia de gran parte del pueblo argentino”

“La culpa no es sólo de Repsol sino del que le daba de comer. ¿Y quién era el que le daba de comer sino el gobierno? ¿Mientras ocurrían todas estas cosas qué hacía el gobierno? ¿Se acuerdan cuando decían que eran empresarios ejemplares? A mí me invitaron a una conferencia de prensa a la que no fui porque me parecía poco serio el anuncio que le iban a hacer. En esa conferencia de prensa decían que los empresarios de REPSOL eran empresarios patriotas. Los mismos que hoy están siendo denostados con fundamentos por el oficialismo. ¿Qué hacia el oficialismo mientras pasaba esto? Se llevaban las utilidades, todas las ganancias. No hacían nuevos pozos, secaban los pozos de petróleo que había descubierto YPF con grandes inversiones antes de que fuera privatizada, y ellos alegremente se llevaban las ganancias y no invertían en nuevos pozos. ¿Qué hacia el Estado? ¿No lo sabía? Tenía un director en YPF. A este gobierno no se le escapa nada. El control no es algo que no le importa. Este gobierno avaló la venta con utilidades al grupo Petersen. Se llevaron 14 mil millones de dólares en ganancias y ahora se dan cuenta. Desde hace años vienen haciendo lo mismo, avergonzándonos a todos los argentinos. No sólo no lo evitaron, lo consintieron”

“En suma el oficialismo tiene el dudoso mérito de haber privatizado YPF en la última década del siglo 20 y de haber perdido la soberanía energética en la primera década del siglo 21. Nos alegra el cambio, lo celebramos. Aunque no sea por convicción sino porque no tienen más remedio. Han dado un primer paso,  pero solo un primer paso habrá que ver si están a la altura de las circunstancias hacia adelante, si no la ciudadanía el pueblo y la historia se lo va a demandar”

“Creemos que es necesaria la reestatización de YPF para reparar el error que cometieron en la década del 90. Por eso vamos a votar a favor por principios. Porque creemos que el Estado tiene como función principal defender el interés general. Algunos no creen en esto y sostienen que el interés general se defiende a través del mercado. Nosotros no. Creemos que el Estado el que debe defender el interés general y nos parece por convicción que la propiedad de la explotación de los recursos naturales es un instrumento fundamental, entre otros, para poder llegar a ese cometido”.

LAS RAZONES DEL VOTO AFIRMATIVO EN GENERAL

“Hay algunos que, compartiendo esta convicción y este principio, dicen que no deberíamos dar al gobierno, que ha manejado de manera tan poco eficiente y tan poco transparente la política energética, el manejo de los recursos energéticos. El argumento que escuché en políticos, analistas y periodistas me parece poco solido. Con ese criterio deberíamos andar cambiando de posición cada vez que se aproxima una elección. Si estamos por ganar, seremos estatistas. Si estamos por perder, y no nos gusta el que puede ganar, seremos privatistas. Me parece que no se puede defender semejante posición. Con ese criterio deberíamos haber aprobado la privatización de YPF como lo hicieron en el oficialismo durante los 90 porque el gobierno de entonces no nos daba garantías y no nos generaba confianza en ningún sentido. ¿Y por qué razón entonces teníamos que oponernos a la privatización de YPF en lugar de acompañar las políticas que querían sacarle a ese gobierno que no nos daba confianza el control de la empresa?”

“En 1998 Raúl Alfonsín fue a hablar con Roque Fernández para decirle al ex presidente Menem que no vendiera las últimas acciones del estado. Entonces ¿dirán algunos que estuvo equivocado? ¿Que debía haber acompañado la privatización así le sacábamos esta empresa a un gobierno que no nos merecía confianza?”

“Con este mismo criterio cuando la dictadura genocida de Videla consideraba la posibilidad de vender YPF… ¿debíamos haber acompañado la venta de YPF para quitarle a la dictadura genocida que controlaba el estado a través del gobierno  un recurso o instrumento tan importante para hacer política? ¿Teníamos que haber alentado a la dictadura que lo privaticen?”

“Supongamos que mañana ingresara un proyecto que quiere privatizar el Banco Nación. Como nosotros tenemos críticas o diferencias con la actual gestión del banco… ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Votar a favor de la privatización del Banco Nación porque no nos merece confianza en materia de gestión el gobierno nacional?”

“Otro ejemplo que lo puso el presidente de nuestro partido,  el ingeniero Mario Barletta. Nuestro partido ha cuestionado mucho la gestión educativa de este gobierno . Entonces … ¿qué hay que hacer? ¿Privatizar la educación? A nadie se le ocurriría solicitar la privatización de la enseñanza pública. Muchos dicen que no pueden apoyar la estatización de YPF porque este gobierno no les merece confianza . En el fondo no quieren porque le tienen desconfianza al Estado; le tienen desconfianza  a la política; porque creen que el mercado es lo mejor que le puede pasar a la Argentina”

“Algunos dicen que existió corrupción, que tiene que haber existido connivencia y complicidad. Pero si existió corrupción, Repsol fue cómplice. No queremos gobiernos corruptos, pero  un corrupto de un sector privado no da más confianza. Tampoco queremos empresarios corruptos. Además no vamos a desterrar con esto la corrupción. La vamos a desterrar con el voto de los ciudadanos, con una prensa independiente y seria. La vamos a combatir con la Justicia por eso reclamamos República, independencia de los poderes, del poder judicial. Esta es la manera de defender la República”

Antes de explicar los fundamentos de nuestro voto (y de nuestras propuestas alternativas) se hace necesario describir, de la manera más breve posible, cómo llegamos a esta situación.

LA VENTA DE YPF.

Como es obvio, estamos discutiendo la recuperación de YPF porque antes se cometió el error de enajenarla. Y la privatizó el Justicialismo con el acompañamiento de la mayoría de quienes hoy están el FpV. Entre los gobernadores provinciales que más apoyaron la enajenación de la empresa estatal, estaba el ex Presidente de la Nacion, el Dr. Nestor Kirchner. Incluso la actual Presidenta reclamó a los legisladores nacionales de su provincia que votaran a favor de la privatización.
Si el cambio de posición obedece o no a convicciones o a razones que tienen que ver con el animo de enmienda, lo dirá el tiempo. Si me apuran,y me exigen ahora opinión, confieso que me siento inclinado a pensar que se trata de un cambio que tiene que ver más con razones coyunturales que con convicciones o propósito de enmienda. Pero, reitero, sobre esto se expresara el tiempo (y el juicio de los argentinos).

PERDIDA DEL AUTOABASTECIMIENTO.

Desde el año 2003, la producción de gas y petróleo cayó como nunca en la historia argentina.
En pocas palabras: en 1907 descubrimos petróleo. Recién en el gobierno de Raúl Alfonsín, alcanzamos el autoabastecimiento energético.Con este gobierno lo perdimos (el año pasado importamos por 9000 millones de dólares y éste importaremos por alrededor de 12.000 millones).
Todo esto también es responsabilidad del oficialismo. En muchas ocasiones advertimos acerca de las consecuencias que tendrían las políticas aplicadas (o la falta de las mismas) sobre el conjunto de la economía y la cuentas públicas nacionales. El gobierno respondía que el autoabastecimiento no era una cuestión importante.

YPF-REPSOL y OTRAS CONCESIONARIAS.

Desde el gobierno se pone la lupa en REPSOL. Y lo que ocurrió con esta empresa es realmente escandaloso. No han hecho otra cosa que llevarse las utilidades al extranjero, vaciando YPF e incumpliendo con sus obligaciones de inversión. Y lo más grave es que el Estado no sólo no lo impidió, sino que además lo consintió. El año pasado, en dos oportunidades, la Presidenta calificó a YPF-REPSOL como un empresa ejemplar.(Vergüenza me da imaginar lo que el mundo empresario o político de España, o los ciudadanos informados de ese país, pensarán de los argentinos).
Podría abundar en información sobre el comportamiento de REPSOL desde que posee la mayoría accionaria de YPF. Creo que a esta altura es innecesario. No vale la pena reiterar datos que ya todos conocemos.
Pero el problema es mayor. En efecto, la desinversión y consecuente caída de la producción de gas y petróleo es general. Salvo alguna excepción, todas las concesionarias y las permisionarias han incumplido con sus obligaciones contractuales. Todo frente a la pasividad y tolerancia del gobierno.
En suma, el Justicialismo primero, y el FpV después, nos llevaron a esta situación.
Otra vez tengo que suspender estas líneas, por razones de tiempo y por mis actividades como legislador. Les pido que me disculpen la prisa que afecta la redacción en forma y contenido.
En la parte III seguiremos.

Este texto tiene por objeto formular algunas consideraciones sobre nuestra posición con relación a la tema YPF. Pero siento la necesidad de hacerlo comenzando por dar respuesta a la afirmación de que la misma estaría influida por los resultados de las encuestas de opinión.

YPF Y LAS ENCUESTAS.
Atribuir a estas razones  la posición de muchos radicales, es, en el mejor de los casos, además de injusto y ofensivo, intelectualmente deshonesto (o prejuicioso). Tan injusto, deshonesto y prejuicioso como sería atribuir a “oposicionismo” las posturas contrarias. Es necesario destacar, por otra parte (que algunos por lo menos),  de los que nos dicen cosas como estas, nos atribuyen una supuesta incapacidad para sintonizar con la opinión pública. En todo caso, de ser ciertas las encuestas (instrumento sobre el que tengo muchísimas sospechas), es la sociedad la que respaldaría la posición histórica de la UCR, fundada en principios y convicciones.

PRINCIPIOS, CONVICCIONES E HISTORIA.
Hay quienes dicen, con cierto tono suficiente y hasta burlón, que esta apelación a los principios, la convicción y la historia, es prueba de las dificultades que posee la UCR para adaptarse a los tiempos actuales. Pero ocurre que no entienden (o se hacen los que no entienden). La idea de que los recursos naturales que proveen al abastecimiento de energía deben pertenecer al Estado, no es un principio, sino una convicción; si ustedes quieren, de carácter instrumental. La idea que para nosotros posee carácter principista es aquella que afirma que el Estado debe promover y defender el interés general. Y es nuestra convicción que el Estado cuenta con más posibilidades de hacerlo si es propietario, nada más y nada menos, que de los recursos que proveen el abastecimiento energético. Así debe entenderse nuestra apelación a la historia, los principios y las convicciones. Los que juzgan con suficiencia nuestra apelación a los principios y las convicciones, deberían tener presente que la historia y la inmensa mayoría de los países en la actualidad, son propietarios de los recursos naturales o de parte de ellos. Es decir, la historia y la inmensa mayoría de los países comparten nuestra visión.

ESTADO VS MERCADO.
Hay quienes no comparten esta concepción, y piensan en cambio que la mejor manera de defender el interés general, es dejar que cada uno defienda libremente sus intereses particulares. Es la “mano invisible del mercado” la que, incluso sin quererlo, promueve el interés general. El Estado, en cambio es parte del problema. Son las ideas que sostienen los defensores del libre mercado. Estas fueron las ideas predominantes en los años en los que se vendían los principales activos del Estado. Y quienes hoy son tan críticos con la recuperación de la propiedad estatal de YPF, fueron entonces fervientes defensores de aquellas políticas. ¿Por qué señalo esto? Para poner en evidencia el hecho de que quienes adscriben a estas ideas, naturalmente, tienen que oponerse a la estatización de YPF. Pero cuidado, no solo con éste, con cualquier gobierno lo harían. Para ser mas directo, no es la desconfianza en la actual gestión, sino la desconfianza en el Estado (o la política) lo que explica que se opongan a colocar en sus manos un recurso estratégico para el funcionamiento de la economía. En suma, los múltiples desatinos cometidos por la actual gestión, no son sino una excusa o, en todo caso, una razón más para oponerse (recordar lo que decíamos cuando afirmábamos que había que hacer un esfuerzo por caracterizar bien al oficialismo, porque si la sociedad cree que esto es el progresismo, la salida puede ser por derecha).
No quiero aburrirlos y, a su vez, continuar con mis tareas en el Congreso, pero me queda mucho por decir sobre este tema. En una horas, posteo la segunda parte.

El país está atravesando una grave crisis energética. No producimos la cantidad de energía que necesitamos. Este déficit en la producción de energía tiene consecuencias muy negativas sobre el conjunto de la economía argentina y sus cuentas públicas.

Frente a la actitud del gobierno, es necesario hacer algunos comentarios básicos,y lo más breves posibles, acerca de la situación planteada.

1) En primer lugar, hay que recordar que el radicalismo se opuso a la privatización de YPF en la década del ’90.

Fueron la mayoría de los funcionarios que hoy forman parte del Gobierno Nacional los que en su momento apoyaron la privatización. Y no sólo los actuales funcionarios del Gobierno Nacional, sino la mayoría de los principales dirigentes del FpV (actualmente, muchos de ellos, a cargo de responsabilidades de gestión en las provincias).

2) Tampoco es responsabilidad de la UCR la presente crisis energética. En efecto, la misma es resultado de las erróneas políticas aplicadas durante la gestión del FpV. Y hemos advertido, durante todos estos años, acerca de los errores que se estaban cometiendo y de las graves consecuencias de los mismos. El Gobierno Nacional se negó sistemáticamente a revisar sus políticas. Es más, cuando los efectos negativos se hicieron evidentes, no hizo otra cosa que negar la realidad y persistir en los errores. (como con la inflación y el INDEC).

3) El Gobierno Nacional, como en muchos otros casos, pretende que la sociedad crea que ninguna responsabilidad tiene en la crisis energética, y que la misma es sólo consecuencia de los incumplimientos de YPF.

Pero incurre en dos falsificaciones bastante evidentes: a) Es el Gobierno Nacional el que debe velar y vigilar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones. ¿Recién ahora se dan cuenta de los incumplimientos? ¿Qué hicieron para impedir esos incumplimientos? Sólo una injustificable ausencia de control y vigilancia por parte del Estado explica la existencia de los incumplimientos. El responsable de los controles del Estado es el Gobierno. El Gobierno no cumplió con su responsabilidad. En otras palabras, el gobierno a cargo del FpV, es el responsable de la ausencia del Estado.

b) La otra evidente falsedad en el relato del oficialismo es la siguiente: el Gobierno Nacional se comporta como si YPF fuera la única concesionaria que actúa en el mercado energético. Pero ocurre que YPF tiene sólo un poco más del 30% del mismo. Las preguntas, entonces, son las que a continuación se formulan: ¿Qué pasa con las concesionarias que explotan el 70% restante del mercado? ¿Cumplieron ellas con las obligaciones a su cargo? Lo cierto es que la caída de la produccion de gas y petróleo no es patrimonio exclusivo de YPF, sino que se trata de un fenómeno general o, mejor dicho, casi general. Con algunas excepciones, todas las concesionarias desde hace tiempo vienen registrando caídas en la produccion de gas o petroleo. En otras palabras, no sólo hay que poner la lupa en YPF, sino que hay que ordenar una auditoria sobre todas las empresas concesionarias, para verificar si han incumplido o no con sus obligaciones. El gobierno debería explicar por qué se limita a YPF.

4) Continuaremos con este tema, pero por ahora agrego tres cosas muy sintéticamente: a) creemos que lo primero que habría que hacer es ordenar una auditoría sobre todas y cada una de las concesionarias para verificar el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones de inversión. Si se verifican incumplimientos en las áreas concesionadas, las mismas deberían revertir al Estado; b) la solución de la crisis energética sólo será posible si somos capaces de acordar políticas de estado, es decir, si somos capaces de definir políticas que se mantengan en el tiempo; c) el valor de las políticas de estado (la necesidad de acordar en ciertas cuestiones) sólo son apreciadas por los liderazgos democráticos firmes y por la mentalidad propia de los verdaderos estadistas.

Dos consideraciones a modo de posdata:

1. Omití decir algo que nos ayuda a comprender la verdadera magnitud del error del Frente para la Victoria en la gestión de la energía.
En 1907 descubrimos petróleo. Desde entonces, varias generaciones de argentinos, se esforzaron, y mucho, para lograr el autoabastecimiento energético. En la década del ’80 lo logramos. Durante la gestión radical del gobierno de la democracia recuperada alcanzamos la soberanía energética. Este gobierno, “popular, nacional y progresista”, la perdió. Perdimos, nada más y nada menos, que la capacidad de proveernos nostros mismos la energía. En el 2011 importamos energía por nueve mil millones de dólares. Pero para los oficialista “el gobierno siempre tiene razón, Y MAS CUANDO NO LA TIENE”.

2. En la campaña electoral del año pasado, hicimos hincapié en la necesidad impostergable de abordar la situación energética como política de estado. Con la concurrencia de especialistas en la materia (el radicalismo puede enorgullecerse de contar en sus filas con muchos de los más reconocidos técnicos en energía) presentamos al país un Plan Energético, al que pueden accefer aquí.

Plan energético – Ricardo Alfonsin 2011

Presentamos un pedido de informes que refiere especialmente a la situación planteada por la presencia de barcos que pescan ilegalmente en aguas jurisdiccionales argentinas y la eventual relación de los mismos con empresas o personas físicas o jurídicas que cuentan con permisos para desarrollar actividad pesquera en nuestros mares.

La Constitución Nacional en su Artículo 41 consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras.

Les corresponde a las autoridades dictar las normas que provean a la protección de este derecho.

En este marco se dicta la Ley 24.922 – REGIMEN FEDERAL DE PESCA y modificatorias, que en el Artículo 27 bis dispone los requisitos necesarios para la asignación de cuotas de captura o autorización de captura a los beneficiarios de permisos de pesca.

El Artículo citado dispone que para otorgar las cuotas o autorización de captura, los titulares deberán presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada que contenga, entre otros requisitos, el siguiente: “c) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.

La Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dicta la Resolución 514/09 que reglamenta la Ley 24.922.

La resolución en su Anexo I – REGIMEN DE INSCRIPCIONES ANTE EL REGISTRO DE LA PESCA, II – PARTE ESPECIAL, Artículo 15, Inciso a), apartado VIII, solicita la presentación de la declaración jurada requerida en el Artículo 27 bis de la Ley 24.922, aclarando que se cumplirá con la misma si observa, entre otros, lo siguiente: “- Posea relación jurídica, económica o de beneficio en forma directa con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA sin el correspondiente permiso de pesca a tales fines, de conformidad con lo previsto en el inciso c) del Artículo 27 bis de la Ley 24.922”.

El subrayado de “forma directa” en el párrafo anterior, corresponde al autor, a efectos de resaltar la modificación introducida por la Resolución 514/09 al espíritu del legislador plasmado en el texto de Ley 24.922 transcripto anteriormente.

El Artículo 99 de la Constitución Nacional, en el Inciso 2) faculta al Poder Ejecutivo a expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, advirtiendo el cuidado necesario para no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

La Resolución Nº 514/99 en su Art.5º instruye a la Autoridad de Aplicación adopte las medidas necesarias para el control del régimen establecido, en coordinación con las autoridades competentes en materia de control y vigilancia.

Ante la modificación del espíritu de la Ley 24.922 introducido por la Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en defensa de los derechos consagrados en el Articulo 41, observando el Inciso 2 del Artículo 99, ambos de la Constitución Nacional, y de tomar conocimiento sobre la instrumentación del régimen establecido por el Art.5º de la Resolución Nº 514/99, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.

TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados

Resuelve:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informe sobre los siguientes puntos relacionados con la reglamentación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 REGIMEN FEDERAL DE PESCA y sus modificatorias, realizada por Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, las siguientes preguntas:

1) Razón por la que la Resolución 514/09 reglamentaria del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 determina que la relación a la que alude el artículo citado, se debe dar en “forma directa”, no obstante el hecho de que la norma reglamentada no establece distinción alguna;

2) Qué considera la Autoridad de Aplicación que es relación en “forma directa”

3) Cuándo una relación podría calificarse de “indirecta”, y razón por cuál la misma debería estar excluida de la sanción dispuesta en Artículo 28 de la Ley 24.922;

4) Si existe algún dispositivo o mecanismo adicional a la declaración jurada que permita verificar y dar mayor certeza respecto de la información brindada en la declaración jurada a la que obliga la Ley 24.922;

6) Si existen tareas de coordinación con otros Estado o sus embajadas para verificar la certeza de lo manifestado en las declaraciones juradas; 

7) Si, en este sentido, existe colaboración o trabajo conjunto con la Cancillería; y

Si eventualmente se ha consultado a la Auditoria General de la Nación o alguna otra repartición oficial con el propósito verificar la información brindada mediante declaración jurada.

Presenté un proyecto solicitando a la Auditoría General de la Nación que audite los subtes y premetro de la ciudad de Buenos Aires.

El servicio público de subterráneos y premetro del sistema de transporte del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires, combinado con el servicio ferroviario y automotor constituye uno de los más grandes y complejos de latinoamérica, y brinda servicios a los ciudadanos de la Capital y del Gran Buenos Aires.

En el año 2010 más de 295,7 millones de usuarios utilizaron sus servicios y en el año 2011 la cifra llegó a los 310,7 millones de pasajeros pagos transportados.

Estos ciudadanos usuarios del servicio público, dentro de los nuevos derechos y garantías otorgados por la Constitución Nacional reformada en 1994, según el Artículo 42 tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, mediante la calidad y eficiencia de los servicios públicos, con una legislación que establezca el marco regulatorio de los mismos.

El control externo del sector público nacional, según el Artículo 85 de la Constitución Nacional, corresponde al Poder Legislativo. El examen y opinión que dará este poder se sustentará en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La Ley 24.156 en su Artículo 117 determina como materia de su competencia, entre otras, a la administración central, entes reguladores de servicios públicos y a los entes privados adjudicatarios de procesos de privatizaciones en cuanto a las obligaciones emergentes de los correspondientes contratos.

El Artículo 118 (Ley 24.156) que delimita las funciones de la AGN, en sus incisos a) y b)le autoriza a fiscalizar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado y a realizar auditorias, exámenes especiales, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta, puede según el Artículo 129 (Ley 24.156) “inciso c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización.”.

El “Contrato de Concesión” del servicio de subterráneos y premetro aprobado por Decreto 2608/93 le otorga la concesión a METROVIAS S.A., el mismo se modifica por Acta-Acuerdo aprobada por Decreto 1527/94 y en el año 1999 se vuelve a modificar por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99.

En esta última modificación se incorpora, dentro de las “Disposiciones Complementarias”, el Artículo 16 que trata la transferencia del control del servicio a la Ciudad de Buenos Aires. Transferencia que no se concretó a la fecha, después de haber transcurrido 12 años, pese a la iniciativa llevada adelante en el año 2000 por Enrique Olivera (Vice Jefe de Gobierno a cargo) que logra la sanción de la Ley 373 CABA.

Debido a las recientes diferencias surgidas sobre el tema transferencia del servicio entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, resulta un derecho del ciudadano acceder a una información adecuada y veraz sobre los motivos de tal demora y una obligación de las autoridades establecer o deslindar responsabilidades de la administración, organismos o entes de la jurisdicción nacional.

Del “Contrato de Concesión” y de la normativa vigente que crea organismos de control y sustenta la aplicación de subsidios, surgen responsables de su ejecución a quienes la AGN debe investigar para concluir sobre lo actuado por estos, y dictaminar si las actuaciones contribuyeron a brindar seguridad, calidad y accesibilidad al servicio. Si la asignación de recursos se efectuó con transparencia y si la aplicación de los mismos se instrumentó con eficacia.

Si se cumplió con la tarea de control y verificación en favor del servicio y del ciudadano transportado.

De METROVIAS SA como concesionario del servicio, interesa entre otras cosas saber: si la operación del servicio se realiza de acuerdo a los reglamentos vigentes; si se observan todas las medidas de seguridad, del material rodante, de la infraestructura, del pasajero y del personal; si se cumple con el cuidado de los bienes afectados; si se realiza al mantenimiento correcto a las instalaciones, máquinas y equipos; si se cumple con el programa de obras; y si se mantienen en vigencia los seguros, garantías y fianzas.

De la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgano de fiscalización y control, creada por Decreto 660/96 y aprobado su estatuto en Anexo I del Decreto 1388/96, si cumple con los incisos a) y c) del Artículo 3º de su estatuto, en cuanto a proteger los derechos del usuario, logrando mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad.

De la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, autoridad de aplicación de los subsidios, si los mismos se asignan con transparencia, si se observan controles a la aplicación de los mismos y si existe un confiable sistema de rendición de cuenta por parte del concesionario beneficiado. Si existen análisis y estudios para implementar un mejor sistema de aplicación.

No olvidemos que la concesionaria del servicio METROVIAS SA, durante el año 2011, recibió la suma de $ 67,4 millones provenientes solo del SISFER, para toda la concesión a su cargo.

De la Policía Federal Argentina (PFA) dependiente del Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad pública, según el Artículo 8, inciso 8.3 del “Contrato de Concesión” modificado por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99, si cumple eficazmente con el servicio de protección al usuario y al personal dentro del área concesionada, responsabilidad que se reservó especialmente el Gobierno Nacional en el inciso detallado; y si cumple con las disposiciones internas referentes a servicios adicionales en favor del personal de la fuerza (condiciones de trabajo y tiempo de descanso).

Los cables de prensa difundido por la Secretaría de Información Pública, de la Presidencia de la Nación, a través de su página digital ordenados en el apartado: “SEGURIDAD“, los días 01 y 02 de marzo del corriente, la Ministra de Seguridad Dra. Nilda Garré, asegura que se afectan 250 efectivos a este servicio de seguridad pública.

Resulta un derecho para el ciudadano tener certeza de la protección que recibe del estado dentro del área concesionada, ya que un simple cálculo pone en dudas que se pueda brindar seguridad con 250 efectivos a más de un (1) millón de usuarios que transitan las instalaciones, que utilizan 76 estaciones del subterráneo (la mayoría de ellas con doble andenes), 7 conexiones internas entre líneas y 17 estaciones del premetro, durante 18 hs. de lunes a sábado y 15 horas los días domingos. Si pusiéramos un solo efectivo por andén y conexión, con turnos de 6 horas, sin considerar francos semanales, partes de enfermos y licencia anual, necesitaríamos aproximadamente 600 efectivos para una cobertura mínima de presencia en instalaciones.

Entendiendo que el ámbito del control corresponde al Poder Legislativo, que la AGN es el auxiliar del Congreso Nacional para estos fines y que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta es quien tiene la facultad de encomendar estudios, investigaciones y dictámenes especiales, es que solicito a mis pares sirvan acompañar el presente proyecto.

Este es el proyecto de resolución que presenté en la Cámara de Diputados:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º. Solicitar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomiende a la Auditoría General de la Nación un dictamen especial sobre la ejecución del “Contrato de Concesión” del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires, fijándole un plazo de 120 días para su presentación al Congreso de la Nación.

Artículo 2º. Que el dictamen especial contenga un detallado informe de lo actuado por los siguientes responsables de su ejecución:

a) METROVIAS S.A. (el Concesionario);

b) Secretaría de Transporte (la autoridad de aplicación de subsidios),dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;

c) Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT (el Órgano de fiscalización y control); y

d) Policía Federal Argentina (el responsable de la seguridad pública), del Ministerio de Seguridad.

Artículo 3º. Que los informes del dictamen especial, luego del estudio e investigación correspondiente, concluyan sobre:

a) la seguridad, calidad y accesibilidad del servicio;

b) la transparencia en la asignación y utilización de subsidios y fondos públicos; y

c) la efectividad de la fiscalización y control de la concesión.

Artículo 4º. Que se preste especial atención, en lo que compete a cada responsable descripto en el Artículo 2º, a los siguientes artículos e incisos del “Contrato de Concesión” con las adiciones incorporadas por ADDENDA aprobada por Decreto Nº 393/1999:

a) ARTICULO 8º. DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS;

8.3. DE LA SEGURIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PASAJEROS; y

8.4. DEL PUBLICO USUARIO;

b) ARTICULO 9º. DE LOS BIENES AFECTADOS A LA CONCESION;

c) ARTICULO 11. DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES AFECTADOS A LA CONCESION;

d) ARTICULO 12. DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES;

e) ARTICULO 13. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS;

f) ARTICULO 14. DEL CONTROL Y LA FISCALIZACION;

g) ARTICULO 18. SEGUROS, GARANTIAS Y FIANZA.

Artículo 5º. Que se establezcan o deslinden las responsabilidades, dentro de la jurisdicción nacional, por el incumplimiento del “ARTÍCULO 16.-

TRANSFERENCIA DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES.” incorporado dentro de las Disposiciones Complementarias por la ADDENDA aprobada por Decreto Nº 393/1999,

Artículo 6º. Autorizar a la Auditoría General de la Nación a realizar dentro de su competencia todas las acciones comprendidas dentro de sus funciones, con el fin de cumplir lo encomendado en el Artículo 1º de la presente resolución.